Doble mirada

¿Reformas truncas o revertidas?

En la encuesta GEA-ISA que comenté la semana pasada vienen resultados que contrastan con el ánimo festivo por el éxito del Pacto. Ya apunté que la popularidad del presidente Peña cayó siete puntos (43% aprueba, 50% desaprueba) debido al mal desempeño económico (69% piensa que el gobierno tiene mucha responsabilidad en la mala situación económica) y a la deficiente gestión del tema de seguridad (la aprobación de las acciones del gobierno para combatir al crimen organizado se derrumbó de 72 a 50 por ciento).

El capital político del gobierno ha disminuido no como consecuencia de la oposición a las reformas, sino por la deficiente gestión de gobierno. Pregunta: durante la campaña por la Presidencia se decía que el PRI sí sabía cómo gobernar. Después de un año de gobierno del presidente Peña Nieto, ¿usted cree que el PRI sí sabe gobernar o no sabe cómo gobernar? Sí sabe, 36%; no sabe 45%.

Esto viene a cuento porque el proceso de reformas está lejos de haber terminado, no obstante que se han aprobado los cambios constitucionales y en el caso de la educativa también las leyes secundarias. Coincido con quienes han señalado que las profundas modificaciones en diversas materias (energía, telecomunicaciones, educación, elecciones, etcétera) pueden nulificarse o tener resultados contraproducentes si su instrumentación es deficiente. En otras palabras, el reto que enfrenta el gobierno de Peña Nieto a partir de ahora es de gestión, aspecto en el cual las evidencias hasta ahora no lo favorecen.

Un aspecto central de esa instrumentación tiene que ver con los órganos reguladores, los cuales serán responsables de que la nueva normatividad se aplique de tal manera que garantice la rectoría del Estado y los poderosos actores e intereses involucrados (léase SNTE, CNTE, bancos, televisoras, telefónicas, partidos políticos, compañías petroleras, etcétera) acaten las nuevas normas. Tan simple y al mismo tiempo tan radical y utópico como eso.

Carlos Puig reflexionaba hace unos días al respecto y, ante el deficiente historial de las autoridades mexicanas para hacer cumplir leyes y reglamentos —desde el de tránsito y vialidad por parte de los microbuseros, hasta la ley de competencia económica por parte de Telcel—, se pronunciaba por no aprobar la reforma energética, pues auguraba un sometimiento del Estado ante el poder de las petroleras extranjeras. El riesgo es real.

Como las reformas ya se aprobaron, hay dos opciones. La primera, dejar que las inercias triunfen, lo que significa perpetuar la debilidad de las  instituciones responsables de garantizar la vigencia del derecho (en este caso de los órganos reguladores). El resultado sería el previsto por Carlos Puig en el caso de la reforma energética: la voracidad privada sin límites, la corrupción aún más extendida y una oportunidad desaprovechada.

La segunda opción consiste en asumir que el estado de derecho es el gran déficit de México en el siglo XXI y que es necesario darle la prioridad política que merece. Es decir, promover un Pacto por México nada más con ese tema: cómo fortalecer a los órganos reguladores (dotarlos de los recursos necesarios para que puedan desempeñar sus funciones) y blindarlos frente a los inevitables embates contra ellos de parte de todo tipo de intereses. Pero también incorporar otros temas como el rediseño del federalismo en materia de seguridad pública y el sustento jurídico tanto del mando único policial en los estados como de la actuación del Ejército en la lucha contra el crimen organizado. Además es necesario ampliar el tema del combate a la corrupción, pues crear una comisión, aunque sea autónoma, no basta.

No me cansaré de repetirlo, pues no es la primera vez que afirmo que sin transitar hacia un verdadero estado de derecho, el resto de reformas y procesos de modernización del país quedarán, en el mejor de los casos, truncos o, en el peor,  nulificados o vueltos contra el país. Si la gestión de gobierno para instrumentar las reformas no incorpora en serio la vigencia de la ley, la transparencia y la rendición de cuentas, además de fracasar, dejará un país menos próspero y más desigual.