Doble mirada

Popularidad presidencial y crisis del sistema

La crisis política de Ayotzinapa va mucho más allá de la impopularidad presidencial. Los datos de la encuesta GEA-ISA permiten dimensionarla. Se trata de un desplome severo de la confianza que tienen los ciudadanos en las instituciones políticas.

Según las encuestas recientes, la aprobación del presidente Peña Nieto cayó a sus niveles más bajos. El ancho sector antipriista y muchos de los indignados por Ayotzinapa festejaron el dato. Es el castigo social, dicen, a un estilo de gobierno de viejas prácticas autoritarias y patrimonialistas, aunque esté mezclado con un proyecto modernizador. Para efectos políticos puede estar bien regocijarse en la debilidad presidencial. Sin embargo, esa lectura de los estudios de opinión pública debe ser matizada y completada, a menos que queramos quedarnos en la superficie del problema que enfrentamos.

Efectivamente, la popularidad presidencial volvió a caer en diciembre. En la encuesta de GEA-ISA, dada a conocer hoy (puede consultarse en http://structura.com.mx/gea/), la desaprobación es de 52%. Sin embargo, contra lo que pudiera pensarse, no es ni su primera caída ni tan desproporcionada con respecto a otros momentos. En la serie GEA-ISA, la aprobación del presidente Peña Nieto era de 37% en marzo; aumentó a 39% en junio y a 45% en septiembre, para caer a 41% en diciembre.

En otras palabras, el escaso respaldo social al Ejecutivo no lo inauguró Ayotzinapa, ni tampoco es tan dramático (40% es malo y debiera preocupar, pero no se trata de ninguna debacle) como los casos de Maduro en Venezuela, que tiene menos de 30%, o de Rajoy, en España, cuya aprobación es de 19%.

La crisis política de Ayotzinapa va mucho más allá de la impopularidad presidencial. Los datos de la encuesta GEA-ISA permiten dimensionarla en toda su gravedad. Se trata de un desplome severo de la confianza que tienen los ciudadanos en las instituciones políticas. Si antes ya era reducida ahora es minúscula, afectando incluso a instituciones que antes eran confiables. El porcentaje de ciudadanos que dice confiar mucho en las policías se redujo de 20 a 10 entre septiembre y diciembre; en los partidos políticos cayó de 16 a solo 7, mismo porcentaje que en los juzgados; organismos electorales, 12. La confianza en el Ejército se derrumbó de 48 a 30% (¿Tlatlaya?).

La insatisfacción con la democracia pasó de 55 a 61% y la creencia en que los partidos no representan los intereses de la sociedad se desplomó de 30 a 12% en los dos últimos años; de esos 18 puntos, seis se perdieron en los tres últimos meses. Otro dato demoledor: la intención de votar en junio de 2015 se desplomó de 43 a 31%, es decir habría un abstencionismo de 70%.

Todos esos datos apuntan a un fenómeno más grave: Ayotzinapa y la casa blanca —léase colusión de políticos y criminales y reglas muy laxas para utilizar la función y los recursos públicos para intereses privados— han acelerado el desmoronamiento, como castillo de arena, de un sistema político, que pese a la transición democrática, ha mantenido como núcleo una cultura política que permite y facilita la privatización y el abuso del ejercicio del poder y de sus beneficios. Esa cultura política no se alteró con la democratización ni con la alternancia partidista en los tres órdenes de gobierno. Todos los partidos la han ejercido y usufructuado.

Después de ocho reformas políticas y 37 años de transición a la democracia, ni los gobiernos electos democráticamente, ni la alternancia en el poder han respondido a las expectativas de la sociedad en términos económicos y sociales (crecimiento promedio de 3% en los últimos 30 años) ni a las demandas de gobernantes y legisladores eficaces, honestos y sometidos a la ley. Cuatro décadas de pluralismo partidista y los partidos, en el fondo del descrédito, no cumplen su tarea de enlazar ciudadanos con la política. Los alejan.

Es el resultado de haberse preocupado únicamente por mejorar las reglas de acceso al poder, pero casi nunca por transformar las normas del ejercicio del poder. Por eso, 72% de los mexicanos exigen reformas urgentes en materia de seguridad, derechos humanos y anticorrupción. Es decir, estado de derecho.

Es difícil anticipar en qué se traducirá esta ruptura de sociedad y política, aún desatendida. Puede diluirse y no pasar nada, pero en otros casos ha tumbado  gobiernos (Egipto) o colapsado al sistema de partidos (Venezuela). Los Pinos, San Lázaro y, sobre todo la sociedad, tienen la palabra. Que el Presidente se ocupe de su popularidad; a todos nos debe preocupar lo obsoleto del sistema político.