Doble mirada

¿Policías o fuerzas armadas?

Ante la debilidad de las policías, el Ejército asumió la tarea de combatir al narcotráfico. El debate ha sido sobre su legalidad. Mientras no haya policías con las capacidades suficientes, las fuerzas armadas tendrán que participar en las tareas de seguridad.

Cuando en los años 80 del siglo pasado el Ejército Republicano Irlandés peleaba por la independencia de su país poniendo bombas en Belfast y Londres, el gobierno inglés decidió que no era un problema militar, sino de seguridad pública y que, por tanto, la policía irlandesa, y no el ejército, sería la responsable de enfrentar y desarticular a esa organización.

Como la policía no tenía las capacidades humanas, técnicas y de equipamiento para hacerlo, la solución consistió en mandar al ejército no para combatir directamente al ERI, sino como apoyo a la policía, mientras ésta se fortalecía. Así, durante varios años los operativos fueron realizados por fuerzas policiacas custodiadas por soldados. El mando siempre lo tuvo el jefe de la policía. Cuando ésta adquirió las capacidades suficientes, se retiró al ejército.

En México, ante la debilidad, insuficiencia y corrupción de las policías, el Ejército asumió la tarea de combatir al narcotráfico desde hace la mitad del siglo pasado. Fue una decisión necesaria, forzada por las circunstancias. El debate, desde que comenzó esa participación, ha sido sobre su legalidad y pertinencia. El caso es que mientras no haya policías con las capacidades suficientes, las fuerzas armadas tendrán que participar en las tareas de seguridad. La otra opción es dejar en la total indefensión a la sociedad frente a organizaciones criminales muy poderosas. El error consistió, en todo caso, en no plantear la construcción de una policía federal fuerte.

La policía federal preventiva (PFP) nació en 1999 y en 2006 apenas contaba con 7 mil elementos. Al finalizar el gobierno del presidente Felipe Calderón, ya convertida en Policía Federal (PF), tenía 36 mil. Aún insuficientes. Ese crecimiento acelerado no estuvo exento de problemas y deficiencias. No obstante las fallas reales, ese proceso significó un paso decisivo, el primero y más importante en muchas décadas, para poder pensar que en un plazo no muy lejano un cuerpo de seguridad civil y no militar, asuma por completo el combate al crimen organizado.

Al considerar las circunstancias en que se encuentra actualmente el país en materia de seguridad —la grave crisis michoacana, la recomposición de las organizaciones del narcotráfico producto de las detenciones del Zeta40, El Chapo y la muerte de El Chayo; el incremento significativo y preocupante del secuestro y las extorsiones, entre otras—, el cambio en la dirección de la Comisión Nacional de Seguridad es una buena oportunidad para definir con mayor claridad y precisión la estrategia en la materia. (Ninguna estrategia debe ser estática; tiene que cambiar en la medida en que se modifican las circunstancias y los enemigos redefinen su modo de operar).

Una de las principales definiciones tiene que ver con la participación de las fuerzas armadas y el futuro de la PF, cuestiones estrechamente relacionadas. Se sabe que este año entrará en operación la Gendarmería —5 mil nuevos policías como una nueva división de la PF—, lo cual significa retomar el crecimiento de esa corporación. No obstante, es insuficiente si se desea que las fuerzas armadas se retiren pronto de la lucha contra el narcotráfico y de las tareas de seguridad pública en estados y municipios donde han suplantado completamente a las policías.

Para dar una idea del tamaño de las policías, el estándar fijado por la ONU es de tres policías por cada mil habitantes. Por tanto, la seguridad de los 115 millones de mexicanos requiere, por lo menos, de 345 mil policías bien entrenados, equipados y honestos. ¿Cuántos municipales, cuántos estatales y cuántos federales? ¿En qué plazos se podrán cumplir las metas? ¿Se legislará y cuándo el tema del mando único policial en los estados? ¿O se buscará otra fórmula para hacer eficaz el federalismo en materia de seguridad pública?

Con respecto a la PF ¿cuánto crecerá? ¿Cómo se corregirán sus fallas? ¿Se creará una auditoría externa que reduzca los riesgos de corrupción? ¿Se mejorarán sus mecanismos de gestión administrativa dentro de la Secretaría de Gobernación o la burocracia la seguirá ahogando? El riesgo es que sin definiciones claras en esos y otros aspectos, la ruta futura sea inercial y el país se quede muchos años más sin policías suficientes y con un Ejército desgastado.