Doble mirada

La ONU y la fuerza pública

Afirmar que el uso de la fuerza de parte del Estado es la causa de la violencia y que por tanto el Ejército debe retirarse para concentrarse solo en las acciones de fortalecimiento institucional y prevención social de la violencia es una enorme irresponsabilidad.

Este será un artículo políticamente incorrecto. Voy a cuestionar algunos juicios sobre el papel de las fuerzas armadas y la política de México contra el crimen organizado, que sostiene la ONU. Se trata de su reporte sobre Desarrollo Humano y Seguridad en América Latina —publicado en noviembre pasado— y del Informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dado a conocer la semana pasada, por el relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias de Naciones Unidas, Christof Heyns.

Heyns aseguró que el derecho a la vida “está gravemente amenazado en México”, debido a un nivel “altísimo” de homicidios…y la impunidad sigue siendo una preocupación seria a nivel individual y sistémico. La impunidad constituye el talón de Aquiles del actual sistema. Añadió que “la solución de largo plazo al problema de la violencia en México descansa en el establecimiento de un sistema robusto de aplicación de la ley”. Desde mi punto de vista la ONU y Heyns están en lo correcto. El problema aparece cuando señala que “un enfoque militar severo es poco proclive a mejorar la situación” y que es “imperativo” retirar al Ejército del combate contra el crimen organizado.

En el caso del Informe de Desarrollo Humano 2013-2014 elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se presenta un brevísimo análisis para afirmar, en menos de una página y con una ligereza impropia de un estudio de esta naturaleza, que “otro caso que permite ilustrar las consecuencias negativas que pueden tener las políticas de mano dura lo presenta México… En suma, las políticas adoptadas en México, aunque basadas en el interés de fortalecer la seguridad del país, no lograron detener los avances de la delincuencia organizada y, por el contrario, coincidieron con una severa agudización de la violencia”.

Hay que partir de dos hechos. Primero, que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública no es lo adecuado ni lo deseable. Para eso están las policías y los ministerios públicos. Como lo señalan todos los expertos, por su formación y naturaleza, las fuerzas armadas no son policías y por esa razón, además de no contar con el expertise necesario para las tareas de seguridad pública, tienden a cometer violaciones a los derechos humanos.

Segundo, combatir al crimen organizado y restablecer la seguridad pública son tareas extremadamente complejas que no pueden consistir únicamente en acciones policíacas; se requiere además, fortalecer las instituciones de justicia para reducir la impunidad, atender causas sociales y económicas del crimen, una política preventiva, etc. De acuerdo.

Los planteamientos de la ONU están dictados por esos dos hechos, pero no valoran adecuadamente otras dos realidades que obligarían a matizar o modificar sus conclusiones. La primera se refiere al enorme poder de las organizaciones criminales en México y al estado de guerra entre ellas, lo cual es la causa inmediata (no única) de la violencia en nuestro país. No hay en sus reportes ningún análisis aunque sea mínimo sobre su evolución, características y sus capacidades de ejercer la violencia. La segunda es la inexistencia de fuerzas  policíacas suficientes y eficaces en todo el país para contener la violencia del crimen organizado y desarticularlo.

En ese contexto, afirmar que el uso de la fuerza de parte del Estado es la causa de la violencia y que por tanto el Ejército debe retirarse (sin tomar en cuenta que no hay policías que lo sustituya) para concentrarse solo en las acciones de fortalecimiento institucional y prevención social de la violencia es una enorme irresponsabilidad. Significaría dejar indefensa a la sociedad frente a organizaciones a las que se les han decomisado más de 150 mil armas (suficientes para armar a todos los ejércitos de Centroamérica) y han llegado a construir territorios mafiosos, en su sentido más amplio.

La prevención social y la reconstrucción institucional sin una presencia de fuerza (ejercida por el Ejército o la policía) de poco sirven: lo mismo que ésta sola, sin las otras dos. Sin el uso de la fuerza pública —basada en la inteligencia y respetuosa de los derechos humanos— habrá más violencia e impunidad, como lo demostró recientemente Michoacán.