Doble mirada

Mireles y Televisa: preponderancia por prejuicios o por realidades

En las últimas semanas, dos temas han dominado el debate político de analistas y clase política: la legislación secundaria de telecomunicaciones y la detención del doctor Mireles. La polarización es increíble.

En las últimas dos semanas, haciendo a un lado el Mundial y el famoso grito en los estadios, dos temas han dominado el debate político de analistas y clase política en los medios impresos: la legislación secundaria de telecomunicaciones y la detención del doctor Mireles. La polarización es increíble. No hay términos medios, todo es blanco o negro.

Para muchos de los críticos de la nueva legislación de las telecomunicaciones, quienes la aprobaron son defensores de los privilegios del oligopolio televisivo y empleados de Televisa. Al contrario, todos los que se oponen tienen alguna alianza oculta con Carlos Slim y/o dependen de la publicidad del grupo Carso.

Lástima que la realidad no se ajuste a las opiniones. Y los jueces, perdón, los analistas, parecen decir: “peor para la realidad”. Veamos. Se licitarán dos cadenas nacionales de televisión privadas y otra pública; Televisa estará obligada a rentarles su infraestructura para que salgan al aire lo más pronto posible y además, por fin, se concretó el must carry, must offer. En el caso de la telefonía celular, las altas tarifas de interconexión, ventaja que le permitía a Telcel neutralizar a sus competidores, desaparecen; se eliminan los cobros por la larga distancia; además se le impide, en los dos próximos años, a las empresas de Slim participar en la televisión restringida para impedir que se vuelva dominante.

Sin embargo, las fobias y prejuicios ideológicos suelen pesar más que los hechos. La reforma constitucional que según los perredistas que la aprobaron el año pasado equivalía al derrumbe del muro de Berlín, en su versión secundaria ¿es la reconstrucción del mismo muro? No soy experto en telecomunicaciones y es probable que lo aprobado no sea perfecto, pero de ahí a descalificarla casi por completo y asegurar que el duopolio quedó inalterado me parece, a la luz de los hechos, un despropósito. Parafraseando: preponderancia por prejuicios o por realidades.

En el caso de la detención del doctor Mireles por violar la ley de armas de fuego, quienes están de su lado aseguran que lo encarcelaron por venganza política, por denunciar la ineptitud y complicidad del comisionado Castillo con los delincuentes. Además, lo han convertido en el único y verdadero defensor de la ciudadanía; en el líder que hacía falta para encabezar el movimiento de autodefensas que salvará a México, tanto del crimen organizado como del Estado mafioso; en la víctima del autoritarismo del gobierno que lo único que pretende es defender al pueblo bueno de los criminales y políticos corruptos.

Que la actuación del gobierno federal en Michoacán ha estado plagada de incongruencias y errores con respecto a las autodefensas es una verdad de Perogrullo. Eso no está a discusión. Que Mireles es un personaje carismático y valiente, que se la jugó contra los templarios, tampoco puede negarse. Pero a partir de esos datos, que no son toda la historia, construir un mito donde el bueno es Mireles y el malo el Estado hay una gran distancia. El doctor Mireles ni es el ciudadano intachable (ha estado preso en México y en Estados Unidos por tráfico de drogas) y además incumplió la ley: firmó el compromiso de no portar armas de uso exclusivo del Ejército, ni actuar como autoridad y lo violó cuando él y sus seguidores intentaron, armados, tomar La Mira. Por eso fue detenido. Se puso de pechito y nadie lo obligó.

En los tres niveles de gobierno hay corrupción y complicidades con el narcotráfico, pero de eso no se desprende que la totalidad del Estado está confabulado con el crimen organizado, pues en esa falsa generalización se soporta el juicio de que es mejor crear autodefensas de la sociedad civil (que por ser sociedad civil ya son buenas y mejores por definición) que apostar a la reconstrucción de las instituciones del Estado y exigirles que cumplan su obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

En el fondo de estas críticas está escondido el juicio de un Estado siempre malo en su totalidad e incorregible, al que hay que oponerse por sistema y ponerse del lado de quienes lo retan, porque la sociedad y los ciudadanos son mejores por definición. La terca y maldita realidad, que otra vez va contra los prejuicios y las ideologías.