Doble mirada

Michoacán: el tigre de la rifa

¿Cómo recuperar la confianza en las instituciones del Estado? Ese es quizá el mayor desafío que tiene el gobierno federal, ya que esa variable tan frágil pero fundamental para la convivencia y la gobernabilidad no se rehace fácilmente.

Es una obviedad pero hay que decirlo: el problema en Michoacán no es una organización criminal, Loscaballeros templarios. Es mucho más que eso. Se trata de un modelo criminal que no se reduce a sus operadores y beneficiarios —Los caballeros templarios— y que, por tanto, no se resolverá con la detención de sus líderes, aunque ello signifique un logro importante.

Ese modelo funciona, entre otras cosas, gracias a una amplia red de protección policiaca y política, lo cual es, para efectos del diagnóstico, otro hilo negro. Sin embargo, deja de serlo a la hora de definir la estrategia de acción. La parte policiaca es fácil aceptarla. De hecho el Ejército y la Policía Federal han asumido la tarea de las policías municipales, las cuales están siendo depuradas y renovadas. Aunque eso lo debió de haber emprendido el gobierno estatal anterior desde hace cinco años, esperemos que ahora haya la voluntad política, los recursos y la perseverancia para hacerlo.

Pero desmontar la red de protección política no es una tarea tan fácil de llevar a cabo, pues se trata de investigar y, eventualmente, llevar ante la justicia a alcaldes, diputados locales, funcionarios del gobierno estatal y federal y probablemente miembros de todos los partidos políticos que han utilizado sus posiciones para ponerlas al servicio de la delincuencia organizada. Si se detiene a los dirigentes de los Templarios y se deja intacta esa red política de complicidad, el beneficiario será el cártel Jalisco Nueva Generación o algún grupo de autodefensa, que aprovecharía el espacio vacío. No sería raro tampoco asistir a la formación de una nueva organización criminal desde esas estructuras de poder corruptas. Pronto sabremos si el comisionado Alfredo Castillo le va a entrar a este espinoso y complejo asunto.

Como el modelo criminal funciona a partir de la debilidad y captura de las instituciones estatales, reconstruir al Estado en esa región michoacana no se trata solo de cambiar algunos funcionarios por otros de fuera y pasar a los nuevos policías por el polígrafo. El funcionamiento adecuado de los gobiernos supone, entre otras muchas cosas, la existencia de una variable poco tangible: la confianza de los ciudadanos en que las instituciones públicas operan en beneficio de la sociedad.
La muestra más clara de eso es la negativa de las autodefensas a entregar las armas pese a la presencia del Ejército que dice estar en la zona para proteger a la población. Hasta el momento ésta simplemente no lo cree, no tiene la confianza en que esta vez sí va en serio la actuación de las fuerzas federales.

¿Cómo recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones del Estado? Ese es quizá el mayor desafío que tiene el gobierno federal, ya que esa variable tan frágil pero fundamental para la convivencia y la gobernabilidad no se rehace fácilmente. A botepronto, apunto tres condiciones para recuperarla. Primero, eliminar las sospechas de que funcionarios y dependencias estatales y/o federales trabajan para alguna de las organizaciones criminales o solapan conductas ilegales de las autodefensas. Por eso, el desmantelamiento de la estructura de protección política y policíaca. Todos, absolutamente todos, sometidos al imperio de la ley. Pero también eso aplica para las fuerzas federales que no deben caer en la tentación autoritaria de luchar contra los criminales violando la ley y los derechos humanos. Ley pareja para todos.

Segundo: eficacia de la acción. En algún momento, Castillo tendrá que definir criterios e indicadores de éxito del operativo. Hasta el momento no los hay, pero tendrán que incluir reducción de la violencia (homicidios, secuestros, etcétera); desarticulación de grupos criminales (sus líderes y miembros en la cárcel), desarme de las autodefensas; economía no sometida al impuesto criminal (fin de la extorsión), etcétera. Si no ocurren esas cosas, la confianza no regresará. De igual manera tendrá que haber eficacia de las políticas sociales y económicas.

Tercero, inclusión en el proyecto de reconstrucción estatal de las fuerzas políticas, sociales y económicas del estado. Depurar instituciones y lograr una gobernanza democrática implica sumar al esfuerzo estatal a la sociedad y al mercado con todos sus recursos.