Doble mirada

Michoacán: pactos con el diablo

Es increÍble que haya autoridades locales que crean que un pacto con los criminales puede solucionar el problema.

La revelación de las entrevistas de La Tuta, líder de los Templarios, con altos funcionarios del gobierno de Michoacán (Jesús Reyna), líderes gremiales (José Martínez), alcaldes (Salma Cervantes, edil de Pátzcuaro reunida con el jefe de la plaza) y hasta con el hijo del gobernador (Rodrigo Vallejo) confirma la extensa y profunda relación entre mundo político y crimen organizado es ese estado. Nada que no supiéramos o imagináramos. Crónica de una complicidad anunciada.

Sin embargo, de poco sirve regodearse en la confirmación de lo obvio: una condición necesaria para la operación y expansión del crimen organizado ha sido la complicidad de múltiples autoridades políticas y policíacas de los tres niveles de gobierno. Sin embargo, el tema da para más por cuándo sucedió y por lo que implica para las estrategias futuras del combate al narcotráfico.

Al gobierno del presidente Calderón se le criticó severamente por combatir con la fuerza del Estado a las organizaciones criminales, pues se afirmaba que esa decisión sumió al país en la ola de violencia de la cual no hemos salido. Algunas de esas críticas insinuaban, sin nunca plantearlo abiertamente, que era mejor mantener algún tipo de acuerdo con las organizaciones —pensando en la convivencia “civilizada” entre narcotraficantes y gobierno durante varias décadas del siglo pasado— que soportar la violencia (como si realmente toda la violencia fuera producto de la acción estatal).

Al parecer, esta visión, que considera que es mejor establecer algún acuerdo con los delincuentes a fin de contener la violencia a una estrategia que plantea combatirlos, ganó adeptos en el caso de Michoacán. Desde el simplismo más ramplón se afirma que si después de seis años del operativo lanzado por el gobierno anterior ahí están todavía La Tuta y los Templarios, eso es señal inequívoca de que la política de combatirlos fracasó por completo. Por tanto, lo mejor era replegarse y/o pactar, asociarse con ellos, para “civilizarlos”. Los resultados están a la vista.

Las denuncias de Luisa María Calderón durante la campaña electoral en 2012 sobre el apoyo de La Tuta y su organización al candidato priista y los videos recientes confirman la intensa relación entre la organización criminal y el gobierno estatal. El caso es que se estableció algún tipo de acuerdo o pacto.

En la Historia del narcotráfico en México (editorial Aguilar) describo los términos de las relaciones que se han dado entre el narcotráfico y el Estado mexicano a lo largo del siglo pasado y cómo se modificaron los acuerdos a partir de la década de los noventa, a favor de los narcos y en detrimento, tanto de la fortaleza de las instituciones del Estado, como de la seguridad de los ciudadanos. Además, analizo las razones por las cuales los pactos entre autoridades y organizaciones criminales son inviables para garantizar comportamientos “civilizados” (reducción de violencia y no comisión de crímenes muy lesivos, como los secuestros) de estas últimas.

En primer lugar debe decirse que un acuerdo a escala nacional es absolutamente imposible. ¿Quién pactaría con quién? ¿El Presidente de la República podría pactar en nombre de los tres poderes de la Unión y de los tres niveles de gobierno? Y por parte del crimen organizado, ¿La Tuta? Además, qué garantías podrían dar los firmantes de que sus representados cumplirían con los términos del acuerdo. Ninguna.

Quedan los pactos a nivel estatal o municipal y la razón fundamental por la cual no serán funcionales para las autoridades ni benéficos para los ciudadanos es que quienes establecen las reglas son los criminales, debido a que son más poderosos, en términos del ejercicio de la violencia, que las autoridades locales. Lo que las organizaciones criminales desean es impunidad y apoyo para expoliar (despojar con violencia o iniquidad) a la sociedad. Michoacán y Tamaulipas son dos ejemplos irrefutables de lo que significa tratar de pactar.

Es increíble que haya autoridades locales que, después de estos años de tanta violencia ejercida por las organizaciones criminales, crean que con un pacto con los criminales pueden solucionar o controlar el problema. Se trata de verdaderos pactos con el diablo. Es de una ingenuidad, ignorancia o cinismo imperdonables.