Doble mirada

Michoacán, Tamaulipas y el Programa de Seguridad Pública

O los gobiernos locales se comprometen y hacen de la reconstrucción de sus instituciones de seguridad y justicia una prioridad, que permita una nueva relación con la ciudadanía, o no habrá solución al problema.

Es difícil saber cuál de estos dos estados —Michoacán o Tamaulipas— está peor en materia de inseguridad y cuál de esos gobiernos ha sido más omiso e irresponsable en su obligación de enfrentar la crisis en esa materia que viven desde hace varios varios años.

Ambos comparten el hecho de ser territorio de organizaciones —Golfo-Zetas y La Familia-Templarios— que han llevado a sus últimas consecuencias cuatro características terriblemente perjudiciales del modelo criminal: 1) la práctica indiscriminada de la violencia, sin límites de crueldad; 2) la diversificación de las actividades criminales, pues además del narcotráfico se han dedicado con gran intensidad y sofisticación al secuestro, la extorsión, robo y otras actividades ilegales muy rentables; 3) la construcción de una amplia base social de respaldo, gracias a la participación en las diversas redes de actividades económicas ilegales y, 4) la captura y control no solo de las instituciones de seguridad y procuración de justicia locales, sino de municipios enteros que les han permitido apropiarse de presupuestos públicos y construir una poderosa y extensa red política y policiaca de protección.

Eso no es novedad. Lo incomprensible es que sabiéndolo, los gobiernos de esos estados hayan optado sistemáticamente por la simulación, la inacción y, en el caso de algunos funcionarios, por la complicidad. Al pasar los años y no construir capacidades estatales para reducir la inseguridad y defender a la ciudadanía, las organizaciones delictivas se han fortalecido, han perfeccionado su modelo criminal, capturado instituciones y destruido vidas, patrimonios y redes sociales de convivencia. Sin resistencia estatal, los criminales avanzan con una facilidad y rapidez extraordinarias. Eso fue lo que pasó en Michoacán a principios de 2013.

La diferencia entre Michoacán y Tamaulipas es que la intervención federal en el primer estado ha comenzado a revertir algunas de las expresiones de ese modelo criminal. En Tamaulipas, los operativos federales instrumentados desde 2010 han sido ineficaces y una de las causas de ello es la persistencia de un gobierno estatal complaciente que no solo no colabora, sino que en buena medida al mantener la red política local de protección y complicidad, nulifica una buena parte de la acción federal. Era lo mismo que pasaba en Michoacán hasta antes del operativo. En este caso, la resistencia e inacción del gobierno estatal fueron superadas por la figura del Comisionado federal, que en los hechos se convirtió en el gobernador de facto.

La conclusión es obvia. O los gobiernos locales se comprometen en serio y hacen de la reconstrucción de sus instituciones de seguridad y justicia una prioridad, que permita una nueva relación con la ciudadanía, o no habrá solución duradera y real al problema. En Tamaulipas no se ve cómo o por dónde el gobierno actual haga algo en ese sentido; lleva cuatro años simulando. El plan anunciado ayer recurre a la receta inevitable: la toma por parte de la federación del control del gobierno estatal.

Este modelo de intervención federal tiene dos problemas. Primero, las capacidades y recursos federales son insuficientes para atender todos los vacíos estatales. Segundo, sin un plazo claro para el fin de la intervención en esos estados y sin que les cueste a las finanzas estatales, los gobiernos estatales no tienen incentivos a hacer su parte.

Por esta razón sorprende que en el recién publicado —que no dado a conocer— Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 no haya una estrategia para modificar el diseño institucional de la relación entre la federación y los gobiernos locales, que redefina la distribución de facultades y responsabilidades en esta materia y facilite la reconstrucción de las instituciones de seguridad. Es una omisión del tamaño del mundo. Otra es que el programa no incluye metas a cumplir en ningún rubro, ni plazos para el logro de los objetivos que se propone. Por esa razón, el programa se reduce a un listado de buenos propósitos, con severas lagunas, pero sin ningún elemento que convoque a la rendición de cuentas.