Doble mirada

Mariguana, primer paso

Espero que la SCJN se pronuncie hoy a favor de una regulación inteligente de la producción y consumo de la mariguana. Hace tiempo escribí que la legalización de las drogas es un problema muy complejo, sin soluciones fáciles puesto que se trata de escoger entre el menor de dos males (uno de seguridad pública versus otro de salud pública) y no entre una opción buena y otra mala.

Prohibir implica crear mercados ilegales, organizaciones criminales poderosas y, como el caso de México lo ilustra, muy violentas, homicidios, miles de detenidos —muchos de manera injusta—, violaciones a derechos humanos, etcétera. Un problema grave de seguridad pública, que en ciertos momentos llegó a ser incluso de seguridad nacional.

Legalizar la producción, venta y consumo de drogas tarde o temprano significa un problema de salud pública. El alcoholismo y el tabaquismo son ejemplos claros. De la calidad de la regulación (la legalización nunca es absoluta, sino que consiste en normar las condiciones bajo las cuales se permitirá) y la capacidad de aplicarla depende el tamaño del problema. Por ejemplo, si se permitiera la publicidad ilimitada de alcohol y tabaco, si no se les fijara un impuesto elevado para que su precio sea muy bajo y más gente los pueda consumir, y su venta estuviera permitida a niños y jóvenes, los problemas de salud asociados al consumo del tabaco y el alcohol serían mucho mayores de lo que son actualmente.

En el caso de la mariguana cada vez es mayor la evidencia científica de que los daños asociados a su consumo son menores a los del alcohol y tabaco. En Historia del Narcotráfico en México narro cómo la vinculación de la mariguana con las drogas "duras" (la heroína y la cocaína) fue una operación propagandística y política de los prohibicionistas de EU sin fundamentos científicos sólidos. Por tanto, es razonable suponer que una regulación inteligente y bien hecha sobre la producción y consumo de la mariguana contribuiría a reducir algunos daños de seguridad sin generar un gran problema de salud. En la actualidad hay experimentos serios en la materia en varios países como Uruguay, Portugal, Holanda y en estados de EU como Colorado y Washington.

Si los ministros de la Corte abren la puerta a la regulación de la producción y consumo de mariguana, habrán dado solo el primer paso de un proceso complejo y largo, que debiera concluir en la modificación de la legislación actual y en un nuevo marco regulatorio elaborado, debatido y aprobado por el Poder Legislativo. Ese marco debe tener un objetivo doble. Primero, reducir lo más posible el problema de seguridad pública. Por ejemplo, interrumpir y revertir la epidemia carcelaria, comentada ayer por Héctor Aguilar Camín, de decenas de miles de jóvenes detenidos por consumirla y de campesinos por producirla. Ese sería un gran logro, pues no es posible pensar que legalizar la mariguana terminará con la violencia y el poderío de las organizaciones del narcotráfico.

El segundo objetivo, impedir una epidemia de consumo, especialmente entre los adolescentes y jóvenes, que eventualmente se convierta en un problema grave de salud o de desempeño escolar. Se puede hacer. Se requiere información que no existe y debe ser generada (lean a Alejandro Hope), la opinión de expertos y la incorporación de elementos exitosos de regulación de otros países. Sin embargo, habrá que ver si el Poder Legislativo no evade su responsabilidad y le da miedo hacer su tarea.