Doble mirada

Mariguana, impactos probables

Terminada la euforia por el fallo de la Suprema Corte que abrió la puerta a la regulación de la producción y consumo de la mariguana, es necesario organizar bien el debate para que el resultado de los dos pasos que debieran seguir —cambiar la legislación actual y adoptar una nueva política en la materia— sea la mejor combinación de la inevitable disyuntiva: disminuir la actividad criminal y lograr que el consumo se incremente lo menos posible para no tener un problema de salud pública. Pensemos en probables consecuencias.

En primer lugar, permitir la producción para el autoconsumo de mariguana sin legalizar la producción a gran escala y su comercialización a terceros (nacionales o extranjeros) tendría un impacto menor en la actividad y el poderío de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Suponiendo que todos los consumidores actuales (la última encuesta de adicciones, levantada en 2011, registraba que 1.2 por ciento de la población entre 12 y 65 años consumía mariguana; alrededor de un millón de personas) llegasen a producir su mariguana y, por tanto, dejasen de ser clientes de las organizaciones del narco, éstas habrían perdido el mercado interno, pero mantendrían el negocio de la exportación a Estados Unidos, cuyo mercado es de 22 millones de consumidores. Suponiendo que los narcos mexicanos cubren 50 por ciento del mercado estadunidense (11 millones), perder el millón de clientes mexicanos representaría una reducción de 9 por ciento del ingreso correspondiente a la venta de mariguana, lo cual no las haría menos poderosas ni menos peligrosas. Además, es muy difícil, si no imposible, determinar si este pequeño cambio en el negocio del narcotráfico reduciría y en qué porcentaje los homicidios.

En segundo lugar, el impacto en la disminución de la criminalidad sería mucho mayor. En teoría tendería a desaparecer el narcomenudeo de la mariguana (se mantendría el de la cocaína y las metanfetaminas). Además, ningún policía debería ni podría detener a nadie por producir mariguana en su casa, tampoco por transportarla o por consumirla. Si las autoridades cumplen con esta nueva normatividad, este sería el efecto más importante, ya que en la actualidad la mayor cantidad de personas detenidas por delitos contra la salud (narcotráfico) son por posesión o consumo de drogas. Entre 2006 y 2014, según la investigadora Catalina Pérez Correa, la PGR detuvo 176 mil personas por posesión y 156 mil por consumo (que no es delito pero los detuvieron).

Terminar con la persecución de jóvenes o adultos por poseer o consumir mariguana tendría varias consecuencias positivas en términos de inseguridad y delincuencia. Primero, le quitaría muchísimo trabajo a la PGR, pudiendo dedicarse a perseguir otros delitos; además, eliminaría el problema de la sobrepoblación carcelaria en el futuro (debiera considerarse una amnistía a quienes están presos por esos delitos). Y sobre todo no expondría a miles de jóvenes al contagio y a la educación criminal que implica pasar una temporada en cualquiera de las cárceles mexicanas. En otras palabras, nos podríamos ahorrar 300 mil nuevos delincuentes en los próximos nueve años y 600 mil si se declara la amnistía.

Sin embargo, al permanecer prohibida la producción a gran escala y la comercialización de la mariguana, las organizaciones del narco que la exportan seguirían produciéndola a gran escala, por lo que los campesinos que voluntaria o involuntariamente la siembran y cosechan seguirían delinquiendo y sujetos a persecución y cárcel. Ya analizaremos más adelante el impacto en términos de salud.