Doble mirada

Insensibilidad de la SHCP, ¿también del Congreso?

En México hay decenas de miles de personas con una discapacidad llamada parálisis cerebral. No tienen retraso mental, sino una lesión en el área del cerebro que les provoca problemas de coordinación de los movimientos del cuerpo que les puede impedir desde caminar y comer hasta, cuando es muy severa, hablar.

Ante la desesperación causada por ese mal y por la ausencia de instituciones estatales especializadas para atender ese grave problema de salud pública, un grupo de mamás de hijos con parálisis cerebral fundó en 1970 una organización sin fines de lucro dedicada a ofrecerles tratamientos médicos, terapias y educación. Cuarenta y tres años después, esa organización llamada APAC —Asociación pro Personas con Parálisis Cerebral— atiende a miles de niños, jóvenes y adultos que la sufren, mayoritariamente de familias de escasos recursos que no tienen alternativas para dar oportunidades de una vida digna para sus hijos. Además de instalaciones de primer mundo que ha construido en la colonia Doctores de la Ciudad de México, promovió la creación y apoya 52 centros en el país.

APAC ofrece desde preescolar hasta preparatoria a miles de niños y jóvenes, además ha desarrollado terapias para aminorar dentro de lo posible el daño motriz y ofrecerles alternativas tecnológicas para poder comunicarse; opera una escuela de artes y oficios y tiene empresas donde trabajan personas con parálisis cerebral. Sus metodologías y tratamientos han sido adoptados por muchas otras instituciones dentro y fuera del país. En síntesis, es una institución de vanguardia en la atención de personas con esa discapacidad. Cada mes un grupo de señoras se desviven y sufren para conseguir los cinco millones de pesos que cuesta operar APAC.

No es raro que cuando alguna mamá lleva al Seguro Social a su hijo con parálisis cerebral, lo remitan a APAC, pues reconocen que no tienen la capacidad ni la calidad de los servicios de esa organización creada y operada por mamás y por profesionales de la salud y la educación. No les interesa hacerse ricos ni salir en las páginas de sociales; su ocupación y preocupación consiste en cubrir un vacío que las instituciones del Estado no han podido ni querido atender, pese a que están obligadas a ello.

APAC es una de las 35 mil organizaciones de la sociedad civil que, sin fines de lucro, se dedican a cubrir vacíos del Estado en educación, salud, atención de niños de la calle; protección del medio ambiente; defensa de los derechos humanos; microcréditos para mujeres indígenas y muchas otras causas sociales y económicas. Ahí donde hay un déficit estatal, la sociedad civil ha creado organizaciones para atemperar el incumplimiento por parte del Estado de su obligación de hacer valer derechos sociales, económicos y culturales de amplios grupos que viven excluidos y marginados.

Ahora, gracias a una propuesta incluida en la reforma fiscal mediante la cual la SHCP pretende reducir los gastos que los contribuyentes deducen de sus ingresos, el futuro de APAC y de miles de organizaciones que se dedican a generar bienes y servicios públicos, está en peligro. La razón es que entre esos gastos deducibles están los donativos que muchos mexicanos dan a esas instituciones.

Por tanto, de aprobarse esa medida fiscal, el impacto que puede tener en la vida de esos miles de niños y jóvenes con parálisis cerebral que se están construyendo una vida digna, de mujeres indígenas que necesitan un microcrédito para salir de la miseria, o de niños de la calle que con grandes esfuerzos están superando su vulnerabilidad, será catastrófico.

Pero, además del enorme costo humano que puede tener, es una medida sin ninguna lógica económica, ya que la cantidad de dinero que deja de recaudar Hacienda por los donativos a APAC es mucho menor que lo que le costaría al Seguro Social, al ISSSTE y al DIF atender a las personas con parálisis cerebral —cosa que tendrían que hacer si cierra APAC—, ya que solo una parte de APAC se financia con los donativos deducibles de impuestos.

Ojalá y los legisladores no sean tan insensibles como los funcionarios de Hacienda y mantengan ese mecanismo de transferencia de recursos de los contribuyentes a instituciones que generan esos servicios. ¿O quieren recaudar para darle más dinero a la CNTE?