Doble mirada

Iguala: maraña de complicidades y omisiones

¿Hay algún acuerdo de los partidos para tratar de impedir que narcos disfrazados se conviertan en candidatos o para detectar financiamientos dudosos? No parece interesarles ni ser una prioridad.

La renuncia o destitución del gobernador de Guerrero por su responsabilidad política en la desaparición y probable masacre de varias decenas de normalistas, ocurrida en Iguala, sería un acto mínimo de rendición de cuentas. Se trataría del reconocimiento de una omisión y una negligencia mayúsculas que no debieran quedar sin consecuencias.

En México, los políticos son tan miopes que pocos tienen la estatura y el valor de renunciar cuando hay un escándalo que ya los mató políticamente. Prefieren ahondar el daño a la política y a sí mismos, pues se convierten en muertos vivientes, en verdaderos zombies. No entienden que si la renuncia los defenestra como políticos, al menos los rescata como personas, pues muestran generosidad al tratar reducir el daño a la institución que representan. Por eso, Ángel Aguirre debiera tomar la iniciativa y entregar el cargo voluntariamente. De esa manera revelaría que aún tiene dignidad, la cual reduciría, al menos parcialmente, el daño a la credibilidad y confianza de los ciudadanos en sus gobernantes.

Sin embargo, aun en la hipótesis improbable de la renuncia por dignidad del gobernador, el problema estaría lejos de haberse reparado (si es que una tragedia de tal magnitud puede tener reparación) o solucionado, ya que las causas del problema no se agotan en la responsabilidad que tuviera el mandatario estatal, por más grande que hubiera sido esta. Hay muchas más complicidades y omisiones que deben conocerse, para pensar en remedios que impidan otra masacre de esta naturaleza.

No me detengo en las gravísimas deficiencias y la corrupción de la policía de Iguala —han sido señaladas hasta el cansancio—, pero sí es necesario insistir en la responsabilidad de otros actores que en el ámbito federal no han hecho su tarea para modificar la situación actual de las policías locales.

El gobernador Aguirre se quejó de que la policía de Iguala no aceptó incorporarse al mando único de la policía estatal. Conociendo la penetración del crimen organizado en muchas policías municipales, si éstas deciden no reformarse, entonces nadie hace nada. Los gobernadores se lavan las manos pues no pueden forzarlas; el gobierno federal lleva dos años sin proponer una solución (ha dejado el tema a la buena voluntad de alcaldes y gobernadores, con el resultado que vimos en Iguala) y el Congreso no retoma ni modifica las iniciativas existentes, para redefinir las competencias en materia de seguridad entre los tres niveles de gobierno. Pero, eso sí, ya acabaron las reformas estructurales.

Otras policías que han iniciado sus procesos de depuración, están estancadas porque no hay presupuesto para indemnizar a los elementos que no aprobaron el control de confianza y deben ser despedidos. El presupuesto para 2015 es el tercero de esta administración que no considera ninguna partida para las liquidaciones, ni para las nuevas contrataciones, ni tampoco para incrementar los salarios, el equipamiento y la capacitación de los nuevos policías. Omisiones por todas partes, pero eso sí todos se rasgan las vestiduras y nadie se siente aludido. Mandar la Gendarmería unas semanas no solucionará el problema. Curita para detener la hemorragia.

Los partidos también tienen gran responsabilidad. Es increíble que la dirigencia del PRD no haya reconocido su falta y anunciado sanciones a quienes encubrieron a su narcoalcalde. Decir que no serán tapadera de nadie y exigir castigo, después de que lo hicieron alcalde, suena a hipocresía. Pero el problema no se limita al PRD. En Querétaro, el PVEM también expulsó, a toro pasado, a Germán Goyeneche, detenido junto a Héctor Beltrán Leyva. Panistas importantes de varios estados, por ejemplo Sinaloa, han sido expuestos en sus relaciones con narcos conocidos y del PRI, mejor ni hablamos (Michoacán es el último caso documentado ampliamente).

¿Hay algún acuerdo de todos los partidos para al menos tratar de impedir que narcos disfrazados se conviertan en candidatos o para detectar financiamientos dudosos? No parece interesarles ni ser una prioridad. Prefieren correr el riesgo, y en caso de escándalo, lavarse las manos y decir que no serán tapadera de nadie.

Demasiadas omisiones, demasiadas excusas. Mientras, muchos inocentes siguen siendo asesinados.