Doble mirada

Houston, "we have a problem"

Las reformas contienen cambios relevantes para superar obstáculos que han impedido en las últimas décadas un mayor dinamismo de la economía y que fortalecerán al Estado en su función reguladora de los mercados.

El núcleo del proyecto del gobierno de Enrique Peña son las reformas estructurales. Hay un consenso amplio de que el principal problema del país (o uno de los dos o tres más importantes) es el insuficiente crecimiento económico. Es decir, creamos menos riqueza (bienes y servicios de todo tipo) de la necesaria para satisfacer las necesidades de la población. El otro gran problema es la distribución justa de esa riqueza y/o de las oportunidades para tener acceso a ella.

Aunque puede y debe discutirse si las reformas planteadas por el Pacto por México son la mejor respuesta a esas dos grandes debilidades del país, el caso es que en términos generales son, de hecho y para efectos prácticos, la única propuesta a mano, disponible para que en el mediano plazo la economía nacional esté en condiciones de producir más bienes y servicios. Por supuesto que no son la panacea, menos si no se concretan adecuadamente (mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para impedir corrupción y concentración de beneficios en pocas manos) y se complementan con otras reformas, como las de la seguridad social y del estado de derecho.

Sin embargo, ante la disyuntiva de esas reformas o nada, mi respuesta es clara: esas reformas. Que se pueden y deben complementar, completar, profundizar e incluso rectificar algunos aspectos, tampoco tengo la menor duda. Pero es claro que contienen cambios relevantes para superar obstáculos (no todos) que han impedido en las últimas décadas un mayor dinamismo de la economía y que fortalecerán al Estado en su función reguladora de los mercados. Algo debiera decir el hecho de que, con excepción de la energética, fueron votadas por los tres principales partidos políticos. Mayorías contundentes. Nos guste o no, son producto de la única y legítima representación popular que existe.

Pues resulta que las reformas aprobadas hasta la fecha no son bien valoradas por la mayoría de la población. La última encuesta realizada por GEA-ISA  en junio pasado contiene datos preocupantes sobre el respaldo social dado por la ciudadanía al principal esfuerzo modernizador de los últimos 20 años. A la pregunta ¿qué tan importantes para el país considera usted que las son reformas legales realizadas recientemente? solo dos de cada diez mexicanos (22%) responde que son muy importantes, contra tres de cada diez (30%) que dicen que nada importantes; 35% piensa que son poco importantes y 13% no sabe.

Valoradas de manera independiente, la educativa es la única que recibe una calificación positiva por parte de más de la mitad de la ciudadanía (53%), la de telecomunicaciones, 24%; la de transparencia, 23%; la energética, 30%. A la pregunta si las reformas legales producirán cambios positivos o negativos para el país, en el caso de la educativa 51% dice que positivos contra 20% que negativos; la de telecomunicaciones, 29 positivos contra 25% negativos; la energética, 28 contra 31; la fiscal, 23 contra 32.

Y vistas desde la óptica del beneficio no para el país, sino para las familias, 46% de los ciudadanos piensa que la educativa las beneficiará; mientras que las reformas energética y fiscal perjudican a las familias de 36% de los ciudadanos en ambos casos, contra 21 y 18% que opinan que serán beneficiadas. En cuanto a la fiscal, la más devastadora, 50% de los ciudadanos asegura estar pagando más impuestos y 61% se ha visto obligado a reducir el consumo de diferentes bienes para cumplir con Hacienda. Resultado final: las reformas no tienen suficiente legitimidad social.

Y esto es un problema serio. En primer lugar, de comunicación social (mensajes honestos; credibilidad de los comunicadores, etcétera) pero también político. Ahora es necesario que el gobierno y los partidos que las aprobaron se involucren en la explicación y defensa de las reformas. Un componente fundamental será convencer de que, en esta ocasión, las reformas no privatizarán los beneficios y socializarán los costos, como ocurrió con las privatizaciones de la década de los 90. Gran reto. El estado de ánimo no está para menos, no obstante Herrera y los seleccionados.