Doble mirada

Guerrero y Michoacán: derechos humanos y estrategias inteligentes

Urge una investigación seria y lo más rápido posible que despeje las dudas sobre el enfrentamiento. Nada sería más positivo para el gobierno. El respeto de los derechos humanos es un imperativo ético.

Hay demasiadas preguntas sin respuestas convincentes en torno al enfrentamiento entre presuntos miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación y fuerzas federales el pasado viernes. Un saldo de 42 presuntos delincuentes muertos, sin ningún herido, contra un policía abatido y otro herido es inevitablemente sospechoso después de Tlatlaya. A los cuestionamientos iniciales hechos por algunos medios y analistas, las respuestas oficiales se basan en una versión sin evidencias de respaldo, como podrían ser el resultado de las autopsias de los 42 cuerpos, o una reconstrucción de los hechos realizada por la CNDH.

El dicho del comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, es muy revelador. Al referirse a la actitud de los agresores, Galindo dijo que éstos “no se tentaron el corazón para dispararnos”. Me imagino que es una forma de decir que les dispararon con toda la furia posible. El resultado: un muerto y un herido. ¿Los policías sí se tentaron el corazón? o ¿qué frase podrían utilizar los 42 muertos sobre el ataque de los policías?

Urge por tanto una investigación seria, independiente y lo más rápido posible que despeje todas las dudas sobre el enfrentamiento. Nada sería más positivo para el gobierno y la misma Policía Federal que se ratificara la versión dada hasta ahora. El respeto de los derechos humanos no solo es un imperativo ético y legal de la actuación de las fuerzas del Estado en la lucha contra el crimen organizado; también es una condición para su eficacia.

Si la sociedad constata que los agentes del Estado violan la ley con el mismo descaro que los criminales, nunca confiarán en ellos y sin la confianza de la población no hay manera de que la policía o el Ejército obtengan la información de la sociedad, la cual es indispensable para generar la inteligencia y las estrategias eficaces.

Lo sucedido en Guerrero, especialmente en Chilapa en los últimos días, es un buen ejemplo de la incapacidad del Estado (léase fuerzas federales, gobiernos y policías locales) de armar una estrategia preventiva y eficaz, basada en inteligencia generada a partir de la información proporcionada por los ciudadanos. Por tanto, recurren a lo que ha sido la especialidad de la casa: acciones reactivas, no preventivas.

¿Cuántos meses o años lleva ese Estado en crisis de seguridad? La más reciente fue la de Ayotzinapa y, producto de ella, en diciembre pasado, el gobierno amplió el operativo federal en 22 municipios de Guerrero, entre los cuales no se consideró a Chilapa, no obstante que en noviembre de 2014 habían ocurrido 20 homicidios en ese municipio, según la base de datos de un investigador, publicada ayer por MILENIO. ¿En los varios operativos realizados en Guerrero desde hace años, las fuerzas federales y estatales no han generado lazos de confianza con la población para disponer de información que les permitiera prevenir la crisis que vive Chilapa? ¿Falta de información o mala estrategia? Por tanto, lo único que les queda es reaccionar tarde, cuando la violencia se desbordó y, una vez más, los ciudadanos pagan los platos rotos.

Respeto a derechos humanos, confianza de la población en las autoridades, información ciudadana para inteligencia, prioridad política y estrategias preventivas eficaces, son variables necesarias de una misma ecuación. No puede faltar ninguna.