Doble mirada

Estrategias de campaña/II: violar la ley

Que burlar la reglamentación sea una parte natural del juego electoral debiera ser motivo de escándalo. Tristemente no lo es.

En el artículo anterior me referí a la opacidad de las campañas, en especial de los candidatos, quienes ni su currículo han dado a conocer. Faltó mencionar, por cuestiones de espacio, la disparidad existente en materia de difusión de las plataformas electorales, es decir de los argumentos sustantivos para votar por los partidos. De la revisión de sus páginas de internet, en los casos de PRI, PVEM, MC y Partido Humanista es fácil encontrarlas; PAN, Panal y Morena no las tienen disponibles; el PRD puso en su lugar otro documento; el Partido Encuentro Social puso promesas muy vagas, mientras que el PT mantiene la de 2012. Saque sus conclusiones.

Un segundo componente de las estrategias electorales es, por increíble que parezca, la guerra jurídica. En una democracia seria, el apego a la ley en los procesos electorales no es tema; se da por supuesto que todos los actores la obedecen. Lo contrario es impensable. Sin embargo, en México actuar apegado a la ley, en todos los ámbitos de la vida, no solo en lo electoral, no ha sido prioridad de una gran parte de los políticos ni de la sociedad. No es de extrañar, por tanto, que una parte relevante de la estrategia electoral de los partidos consista precisamente en detectar y denunciar la ilegalidad de las acciones de sus adversarios.

Estamos muy acostumbrados a ello, pero que burlar la ley sea una parte natural del juego electoral debiera ser motivo de escándalo. Tristemente no lo es. Desde la primera reforma electoral en 1978, hasta hoy en día, el supuesto impulsor de todas las reformas en la materia, en los últimos 37 años, ha sido la desconfianza de los partidos en ellos mismos. Parten del supuesto de que todos van a violar la ley para ganar elecciones, y entonces la han modificado, una y otra vez, para tratar de impedir las conductas ilegales e inequitativas. Para ello han ampliado la relación de delitos, pero han fallado estrepitosamente en establecer sanciones eficaces.

En 2015, no cabe duda que el PVEM se ha convertido en el emblema de la ilegalidad electoral, producto de ese modelo de normatividad electoral. En tan solo unas cuantas semanas acumuló alrededor de una decena de sanciones y multas por 190 millones de pesos. No solo ha violado la ley, sino que también se le ha castigado por no cumplir con las sanciones. El colmo del cinismo, pues su incumplimiento equivale a decir que le tienen sin cuidado (por no usar otra expresión más precisa) las normas, las sanciones y la autoridad. Ni siquiera el PRI había logrado concitar un movimiento social tan amplio para demandar la pérdida de su registro.

La información publicada el lunes pasado por MILENIO sobre las 520 averiguaciones previas iniciadas por la fiscalía de delitos electorales (Fepade) en lo que va de este año revela que la ilegalidad se extiende a numerosas autoridades y en amplias regiones del país. El reporte no especifica los partidos ni los gobiernos a los que pertenecen las autoridades involucradas en las denuncias. Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reporta en lo que va del año  309 recursos de apelación de las denuncias interpuestas por los partidos y, aunque tampoco especifica a los partidos involucrados, no es difícil imaginar que todos están metidos de lleno. Guerra jurídica generalizada. No hay duda de que todos violan la ley, el problema es investigar, descubrir y difundir esos eventos. Aunque para ello haya que… violar la ley, por ejemplo, espiando.

¿Tendrán remedio?