Doble mirada

Derechos humanos y violencias/I

En el enfrentamiento del gobierno federal con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de la ONU en esa materia respecto a la situación sobre el tema en México hay posiciones encontradas que podrían acercarse si una parte deja a un lado exageraciones y la otra negaciones insostenibles.

Lo argumentado por los organismos multilaterales sobre la gravedad (ese es el adjetivo que han utilizado y es el que ha molestado al gobierno) de la situación de los derechos humanos en nuestro país puede sintetizarse en lo dicho tanto por James Cavallaro, comisionado de la CIDH, como por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein.

Cavallaro aseguró que "se están registrando varios casos de graves violaciones a los derechos humanos". Entre ellas, "la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa (Guerrero), las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya (Estado de México) a manos de militares o el presunto uso excesivo de la fuerza por parte de policías federales en Tanhuato (Michoacán)".

Por su parte, Al Hussein declaró que "para un país que no se encuentra en medio de un conflicto, las cifras calculadas son, simplemente, impactantes: 151 mil 233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, incluyendo miles de migrantes en tránsito. Desde 2007, hay al menos 26 mil personas cuyo paradero se desconoce, muchas posiblemente como resultado de desapariciones forzadas (...) Y prácticamente nadie ha sido condenado por dichos crímenes. Parte de la violencia puede ser atribuida a los poderosos y despiadados grupos del crimen organizado (...) Condeno sus acciones sin reservas. Sin embargo, muchas desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales presuntamente han sido llevadas a cabo por autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo la policía y algunas partes del Ejército".

Una observación, políticamente incorrecta, a lo dicho por los especialistas internacionales. Los hechos de Tlatlaya y Ayotzinapa (y en su caso Tanhuato) son muy graves, sin duda alguna, y deben ser castigados. Pero pasar de la enumeración de esos eventos de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del Estado a citar los 151 mil asesinatos y las 26 mil personas de las cuales se desconoce su paradero (que no desapariciones forzadas) es un "desliz" injustificado y no válido, pues al hacerlo se insinúa que también son producto de violaciones de derechos humanos por parte del Estado, aunque después reconozca que "parte de la violencia" se debe al crimen organizado. Difícilmente las 108 víctimas de Tlatlaya, Ayotzinapa y Tanhuato pueden compararse con 150 mil asesinatos cuya responsabilidad es del crimen organizado. Son magnitudes y responsabilidades muy diferentes. El principal enemigo de los ciudadanos (de su vida, de su patrimonio, de sus libertades) es el crimen organizado, no el Estado y ello no significa justificar las violaciones que hayan cometido agentes estatales.

Convertir en forma automática todas las formas de violencia (asesinatos, secuestros, tortura, feminicidios, extorsiones, ejecuciones extrajudiciales) en violaciones a los derechos humanos no es la mejor manera de abordar el problema, pues desvía la mirada de los responsables de la mayor parte de esas violencias. El Estado debe asumir las suyas, y a ello me referiré el próximo miércoles.