Doble mirada

Derechos humanos y violencias/II

Algunos organismos de derechos humanos cometen un error al querer responsabilizar al Estado mexicano —en especial al Ejército y al gobierno federal— de todas las violencias (asesinatos, secuestros, desapariciones, tortura, feminicidios, etcétera) asociadas a la lucha contra el crimen organizado, pues al ser ese un juicio inexacto y exagerado, provocan el rechazo de las autoridades, polarizan el conflicto y dificultan un trabajo conjunto para acelerar las soluciones.

Por su parte, el Estado mexicano se resiste, injustificadamente, a reconocer que existe una situación grave en materia de derechos humanos. El hecho de que las fuerzas federales del Estado no sean responsables de las decenas de miles de asesinatos o que las desapariciones forzadas comprobadas hasta la fecha, sumen solo poco más de 200 y no las 26 mil que se suelen mencionar, no quiere decir que en su conjunto el Estado no violente de manera amplia los derechos humanos de miles de ciudadanos.

Y al decir el Estado en su conjunto, me refiero a todas las instituciones de seguridad y justicia: policías municipales y estatales, procuradurías de los estados, cárceles y poderes judiciales estatales. Mi hipótesis es que la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos no son producto de una política deliberada. Las hay sin duda, pues muchos funcionarios, policías, soldados, ministerios públicos carecen de la cultura mínima de respeto a los derechos humanos.

Creo que la causa principal de las violaciones más comunes vinculadas a la seguridad (la tortura como método de confesión; los malos tratos carcelarios; las detenciones arbitrarias; la imposibilidad de tener acceso a la justicia) es el estado de postración de toda la cadena institucional (policías, ministerios públicos, juzgados y reclusorios): debilidad operativa; insuficiencia de recursos de todo tipo; ineptitud y corrupción de muchos de sus miembros; ignorancia de métodos de investigación criminal; sobresaturación, etcétera.

Algunos datos para ejemplificar cómo esas carencias estructurales están en la base de miles de violaciones de los derechos humanos: según el Inegi, en 2014 había 3 mil 821 agencias del Ministerio Público en todo el país y en ese año se cometieron 33.7 millones de delitos, de los cuales solo 2.65 millones (7.2%) fueron denunciados ante el Ministerio Público. Al dividir los delitos entre ministerios públicos (MP), se tiene que a cada agente del MP le toca investigar 635 delitos al año. Eso significa que diario tiene que identificar, encontrar y detener a los presuntos responsables de dos delitos, y juntar las pruebas para que un juez los sentencie. A las dos agencias del MP especializadas en homicidios en el Estado de México les toca resolver casi 2 mil homicidios en un año, 966 a cada una para ser exactos, tres diarios.

Imposible. Negar el acceso a la justicia, inventar culpables y torturarlos, detenerlos por años sin sentenciarlos son las respuestas torcidas e injustificables de ese sistema terriblemente débil e ineficiente. Así, la insuficiencia estructural de la procuración y administración de la justicia le niega el acceso a la justicia a prácticamente la totalidad de 22.8 millones de víctimas de la inseguridad. No por una voluntad explícita y maquiavélica de negarla. Simplemente no tenemos la institucionalidad suficiente en cantidad ni en calidad.

El problema grave es que desde hace décadas casi toda la clase política no ha reconocido esto como un problema prioritario y poco ha hecho para remediarlo.