Doble mirada

Crimen fuerte, Estado débil

Si a partir de 2008, cuando los tres Poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno firmaron aquel Acuerdo Nacional por la Seguridad y la Justicia, los gobiernos locales lo hubieran tomado con seriedad y responsabilidad, es probable que no tuviéramos que escandalizarnos, ¡seis años después!

La ecuación es terriblemente simple y obvia: si el crimen organizado es fuerte, actúa con violencia inusitada, seguro de su impunidad y ostentando un cinismo cruel e insultante —tal y como ocurrió en Iguala y antes en muchos otros lugares: Ciudad Juárez, Monterrey, Morelia y San Fernando, entre otros— es porque las instituciones responsables de la seguridad y la justicia en los tres niveles de gobierno son débiles e ineficaces. Estos dos fenómenos son como los vasos comunicantes: si uno está lleno, el otro está vacío. Así de simple.

Pues no obstante esta perogrullada, reconocida en cientos de discursos de funcionarios públicos, actuar en consecuencia pareciera ser la cosa más difícil en la administración pública. En este tema, la distancia entre palabras y obras es impresionante. Si la función básica y primera del Estado es proporcionar seguridad a los ciudadanos, es increíble que en México quienes ocupan puestos de representación popular actúen como si esa obligación no existiera.  Pareciera que no se dan cuenta o no les importa que sus omisiones sistemáticas y reiteradas en esa materia tengan consecuencias gravísimas para la vida de miles de familias.

Comenzando por el gobierno federal que en sus programas sectoriales de seguridad pública y justicia simplemente no existe ningún capítulo que contenga algo parecido a una visión estratégica para fortalecer toda la cadena institucional, desde las policías municipales, estatales y federal hasta las cárceles, pasando por los ministerios públicos de los estados. No entra en el imaginario del gobierno federal que eso deba ser una prioridad. En consecuencia, los presupuestos destinados a las dependencias responsables de la seguridad y justicia han sido en los últimos dos años inerciales y hasta menores.

De aprobarse el presupuesto para 2015 tal como lo envió la SHCP, la Policía Federal tendrá menos recursos que en 2014, no obstante que a la Gendarmería se le incrementarían sus recursos 9% (5 mil elementos), al resto de las divisiones (35 mil policías) se le reducirían poco más de 5%. La PGR en 2015 tendría 4% menos presupuesto que en 2014.  Los recursos de los dos fondos de apoyo a la seguridad pública en estados y municipios no se han incrementado casi nada después de 2012. Prioridades sin respaldo presupuestal son palabras huecas.

Después de Iguala y de la revelación brutal del estado en que están las policías estatales y municipales y los ministerios públicos, ¿los legisladores aprobarán el presupuesto en materia de seguridad y justicia como si no pasara nada y no hicieran falta más recursos? El problema no se resuelve solo con dinero, es cierto, también cuentan la voluntad política y la transparencia Y en esos rubros tampoco vamos bien.

Las omisiones del gobierno federal parecen una nadería comparadas con las de los gobernadores. Prácticamente ninguno de ellos ha incrementado el presupuesto de su estado dedicado a la seguridad. Si tienen una crisis en la materia, solicitan al gobierno federal más recursos y el apoyo del Ejército; si no se los dan, ellos simplemente no hacen nada y esperan a que pase la tormenta. ¿Les exigirán los legisladores a los gobiernos estatales y municipales corresponsabilidad real a los gobernadores y alcaldes?

Nada incomodaba más a los gobernadores, en las reuniones del SNSP, que el gobierno federal tratara de publicar el grado de cumplimiento de los gobiernos estatales en materia de aplicación de exámenes de control de confianza a policías y altos funcionarios, o de la creación y fortalecimiento de unidades antisecuestro. Las propuestas al respecto siempre fueron rechazadas tajantemente. Ante sus omisiones, cero transparencia. Ni se te ocurra exhibirnos.

El caso es que si a partir de 2008, cuando los tres Poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno firmaron aquel Acuerdo Nacional por la Seguridad y la Justicia —que establecía más de 70 compromisos para fortalecer toda la cadena institucional en materia de seguridad, procuración y administración de justicia— los gobiernos locales lo hubieran tomado con seriedad y responsabilidad, es probable que no tuviéramos que escandalizarnos, ¡seis años después!, que haya municipios como Iguala, en poder del crimen organizado. Crimen fuerte, Estado débil. Tan simple y tan grave como eso.