Doble mirada

La CNTE: ¿quién manda en este país?

Analizar la política es analizar el poder y esta semana estamos frente a un desplante de poder poco usual. Se trata de un desafío serio, como pocas veces se ha visto, ya que se trata de la amenaza de la CNTE de no iniciar el ciclo escolar el próximo lunes, hasta que el gobierno le entregue un papel con la prueba de la derogación de la reforma educativa. Puestas así las cosas, el lunes habrá huelga en miles de escuelas, pues no depende del gobierno que se derogue la reforma.

Esa declaración de la coordinadora —previa a la nueva ronda de negociaciones con Gobernación y después de que varios de sus líderes fueron liberados y de que se le pagó a maestros que no debía pagárseles— elevó la apuesta al máximo y prefigura un enfrentamiento mayúsculo. Ya no habría nada que discutir, pues el presidente Peña también declaró que por ningún motivo se va a derogar la reforma. En caso de cumplirse esa amenaza, no será otra cosa un acto de poder de un grupo de interés cuyo objetivo es someter al Estado y a la sociedad a sus intereses particulares.

Dos hechos parecen fundamentar ese cálculo de poder de la CNTE. Primero, su renovada capacidad de movilización, expresada en los bloqueos carreteros en varios estados del sureste después de Nochixtlán, y la incapacidad del gobierno de aplicar la ley. Ambos hechos se retroalimentan. Mientras se bloquean carreteras sin ninguna consecuencia legal para los maestros, crecen los incentivos para movilizarse, presionar y conseguir nuevas concesiones del gobierno, y mientras más gente movilizada, más difícil aplicar la ley.

La debilidad gubernamental proviene de la escasa credibilidad y confianza de los ciudadanos en el gobierno. El 23 por ciento de aprobación presidencial, según la encuesta del diario Reforma, significa que solo dos de cada diez mexicanos apoyan su administración. ¿En esas condiciones quién va a respaldar el uso de la fuerza pública para desalojar a los maestros y más si ésta no se hace de manera profesional, apegada a protocolos estrictos y con respeto de los derechos humanos?

Pero lo último que nos debiera producir esta debilidad del gobierno frente a la CNTE y sus aliados antisistémicos es alegría. Es un hecho que la severa crisis de confianza y credibilidad en que está sumido el gobierno es producto de sus muchos y graves errores. Pero regodearse en su fragilidad y apostar a su agravamiento sería peligroso. Porque el desplante de poder que desea llevar acabo la coordinadora no va solo contra el Presidente y su gobierno.

Es contra todo el Estado: ¿no aprobó el Congreso la reforma educativa? ¿No acaba el Poder Judicial de negarle un amparo a la CNTE para que no evadan la evaluación magisterial y sus consecuencias? ¿No se sienten aludidos los legisladores ante la amenaza de la coordinadora de revertir uno de sus principales logros? Y, a final de cuentas, el poder que pretenden ejercer los maestros de la CNTE va contra la sociedad, pues los niños y jóvenes del país serían los más afectados. Hay mucho en juego para el futuro del país en la reforma educativa como para permitir que la CNTE haga valer su poder y recupere sus privilegios. Un ultimátum de esa naturaleza no se debe permitir.

El Estado entero —los tres poderes y los tres órdenes de gobierno— debe poner el alto a la CNTE, con la ley en la mano. El problema es que la capacidad de convocatoria del presidente Peña está por los suelos. Pero si se juntan los tres poderes y convocan juntos a la sociedad a respaldar la reforma educativa, prevalecerá el Estado. Si no, ¿quién manda en este país?