Doble mirada

CNTE: acuerdo indignante y contraproducente

La política es, en general, una tarea difícil. No pocas veces se trata de escoger entre dos males, presumiblemente el menor y, en numerosas ocasiones, las decisiones no dejan contento a nadie. Es la política real, cuando el discurso del interés general se topa ante los intereses contrapuestos y duros. Esto viene a cuento por la necesidad de entender la lógica que al parecer privó en las negociaciones recientes del gobierno con la CNTE.

En principio, las concesiones otorgadas —no confirmadas oficialmente, pero tampoco desmentidas— por la Secretaría de Gobernación a la CNTE no pueden no indignar. En lo político, impunidad total: ante el paro laboral de ocho semanas, ningún despido como lo marca la ley recientemente aprobada; ante los destrozos y las afectaciones en la Ciudad de México, tampoco se les imputó ninguna responsabilidad.

También se les reconoció interlocución política en más de 20 entidades, cuando su presencia es mayoritaria o relevante en no más de cinco estados. Pero eso no fue todo, pues además se llevaron premios económicos: el pago completo de sus salarios no devengados con todo y bono extra; y la cereza del pastel: 115 millones de pesos para mejorar las escuelas normales, recursos que serán administrados por la CNTE, no por las autoridades educativas de Oaxaca.

En aras de entender al gobierno y descubrir un sentido a esas concesiones, se argumentaría la necesidad de salvaguardar un bien mayor (la vigencia de la reforma educativa, además de impedir la presencia del magisterio durante la negociación de la reforma energética, y minimizar la oposición a esa otra reforma estratégica para el gobierno). Desde esa perspectiva, para los funcionarios federales lo otorgado a la CNTE es el precio inevitable a pagar para tener ambas reformas. Real politik. Ni modo. Algo había que darles para que se fueran y para que aceptaran los cambios constitucionales en materia educativa. Que no gustan esos acuerdos es obvio, pero en política hay que saber tragar sapos sin perder la compostura.

Si esa fue la lógica detrás del acuerdo, para valorarlo deben analizarse a detalle sus costos y beneficios. ¿Qué ganó el gobierno? Efectivamente sacó del DF a la CNTE de Oaxaca y normalizó en buena medida la vida de la Ciudad de México. Además, alejó el peligro de que la CNTE y AMLO se unieran en el rechazo a la reforma energética. Creo que eso fue todo lo obtenido por Gobernación.

¿Qué no logró el gobierno, pese a su generosidad? Desactivar el rechazo y la oposición a la reforma educativa. Si bien ya no hay miles de maestros demandando anular los cambios constitucionales en la Ciudad de México, trasladó el problema a los estados. El riesgo de que la reforma se frustre no por la vía de la derogación, sino por medio de componendas en el ámbito local para que no se apliquen las nuevas disposiciones es muy elevado. Y eso porque las concesiones otorgadas significan un incentivo poderoso a seguirse manifestando de cualquier manera (ya están aquí los de Guerrero), sobre todo fuera de la ley, pues así se doblega a las autoridades.

Y ese incentivo aplica no solo para toda la CNTE (a la que le dieron más poder y dinero), sino para el SNTE, pues para salir de la marginación política en que lo dejaron, la receta es obvia: sal a protestar a la calle y hazlo lo más agresivamente posible. Y si los líderes del SNTE no lo hacen, la base magisterial emigrará a la CNTE. En otras palabras, las concesiones a los maestros oaxaqueños están creando condiciones para una revuelta en el sindicato o para su radicalización.

El otro gran saldo negativo es la puñalada al estado de derecho. Protestar fuera de la ley es rentable. Remarco el fuera de la ley, pues protestar es un derecho y no puede ni debe ser conculcado. Es indispensable para la vida sana de una democracia. Pero hacerlo violando los derechos de los demás (un millón de niños sin escuela; impedir el libre tránsito de millones de capitalinos y lesionar a miles de empresas) debiera ser intolerable. A Gobernación se le olvidó incorporar al estado de derecho a la mesa de las negociaciones. El mensaje debió ser: protesta y negociamos todo, pero dentro de la ley. Porque no fue así, el acuerdo es indignante y será contraproducente.