Doble mirada

Agenda legislativa: rendición de cuentas

¿De qué sirve reformar el país entero si a la hora de ejercer el poder el riesgo de que la corrupción pudra todo es real? Esa es la agenda pendiente.  Que el Congreso legisle bien sobre transparencia y corrupción para los dos poderes. Solo eso. Le harían un gran bien al país.

Contra el imaginario popular de que los legisladores mexicanos son políticos flojos, que se pasan la vida en viajes, fiestas y cobrando moches al por mayor, el recuento del trabajo realizado por el Congreso en los últimos 20 meses revela que es una institución que funciona. Como somos de memoria corta, se nos olvida cuando diputados y senadores eran sinónimo de personajes que se dedicaban a levantar sus dedos para aprobar sin chistar las iniciativas de ley enviadas por el presidente en turno.

Ya no es el caso desde 1997, cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y se instaló una pluralidad real y permanente que desembocó en la ausencia de mayorías absolutas. Desde entonces, el Poder Legislativo ha recuperado sus dos responsabilidades básicas: legislar de manera autónoma con respeto del Ejecutivo y ser su contrapeso, mediante la supervisión y vigilancia.

Aunque es un lugar común decir que desde ese año el Congreso se paralizó por la pérdida de la mayoría absoluta del partido en el poder, la historia de leyes y cambios constitucionales aprobados lo desmienten de manera contundente. María Amparo Casar publicó un libro —Reformar sin mayorías, editorial Taurus— en el que da cuenta del intenso trabajo parlamentario de las legislaturas divididas.

Recuperar lo anterior es solo para no creerse los juicios simplistas sobre el Congreso. Pero también es cierto que su funcionamiento está lejos de ser óptimo. Hay vicios, excesos y omisiones que abonan a su mala fama y que debían de ser motivo de preocupación de los mismos legisladores, ya que ello hace muy vulnerable al Poder Legislativo y con ello a la aún imperfecta democracia mexicana. Baste como ejemplo la iniciativa para reducir la representación proporcional que cuenta con amplio respaldo social, gracias a la pésima imagen de diputados y senadores.

Estas reflexiones vienen a cuento por el inicio del periodo de sesiones del Congreso y por la pregunta sobre cuál será la agenda legislativa después de haber aprobado todas las reformas estructurales. En el periodo septiembre-diciembre de todos los años el plato fuerte es la discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos. No es poca cosa, pero no cubre los tres meses y medio que sesionan ambas cámaras. Hay tiempo y debiera haber interés para abordar otros temas.

Es cierto que la parte relevante de la agenda del gobierno de Peña Nieto está resuelta y que en junio próximo habrá elecciones (lo que reduce considerablemente los incentivos de los partidos a colaborar), pero ninguna de esas razones justifica que se abandonen asuntos de enorme relevancia. Uno de ellos es la transparencia y rendición de cuentas, que está estrechamente asociado al tema de la corrupción, el cual puede ser el talón de Aquiles de la instrumentación de las reformas estructurales recién aprobadas.

Aunque un sector importante de los mexicanos no valora adecuadamente las leyes y la importancia de cumplirlas, la corrupción está muy lejos de ser un problema cultural ante el que solo queda esperar el cambio generacional o pasárselo al Conaculta; tiene que ver más con la ausencia y escasa eficacia de los mecanismos institucionales por medio de los cuales se vigila y controla el ejercicio del gasto público y se llevan a cabo las licitaciones para las compras e inversiones de los gobiernos.

Legislar sobre corrupción es mucho más que crear la comisión anticorrupción, como la ha señalado insistentemente la Red por la Rendición de Cuentas. Bien harían los legisladores de todos los partidos —si no quieren ver frenadas o distorsionadas las reformas estructurales— en recuperar las propuestas de esa Red, incorporadas en el Programa Especial de Rendición de Cuentas y aplicarlas no solo al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo, ya que, según el mismo Manlio Fabio Beltrones, éste requiere recuperar la autoridad moral para poder exigir cuentas. ¿De qué sirve reformar el país entero si a la hora de ejercer el poder el riesgo de que la corrupción pudra todo es real? Esa es la agenda pendiente.

¿Quiere el Congreso vigilar al gobierno y ser un contrapeso real? Que legisle bien sobre transparencia y corrupción para los dos poderes. Solo eso. Le harían un gran bien al país.