Entre pares

El tsunami fiscal y financiero que viene

Mientras la vocinglería de la tecnocracia, pública y privada, pronostica falacias que el propio FMI desmiente (como el aumento del PIB por las posibles reformas peñanietistas), los senadores de brazo mecánico (PRI-PAN-PVEM) aprobaron una pseudo reforma financiera que junto con la miscelánea fiscal grandota (sin tamaños para ser llamada reforma), y en conexión con la ley antilavado, restringirán garantías individuales y afectarán gravemente al patrimonio de millones en forma como nunca antes había sido vista en la historia de México.

Sólo a través de la incultura fiscal y financiera que sufre el pueblo, y la dictadura mediática de la tecnocracia neoliberal que hoy ejerce el poder, es que a duras penas se entiende que no surjan protestas masivas. Ambas, la reforma fiscal y la financiera, representan un giro radical de 360 grados respecto a garantías que gozaban los contribuyentes y deudores desde hace muchas décadas, y que en adelante se las verán negras al menor incumplimiento.

En lo aprobado por los senadores, se criminalizan las deudas que desde siempre eran consideradas de carácter civil, no penal. En adelante un banco o un acreedor podrá “arraigar” a un deudor (así como se oye) y retener sus bienes (figura peor aún que el tradicional embargo pues no está tipificada ni reglamentada). Pero en cambio si el banco quiebra, gozará de Fobaproas que con el dinero de los contribuyentes lo rescaten.

Se consolida la extranjerización de la banca a través de la cual se fuga en forma masiva el ahorro nacional. El PT y el PRD reservaron 147 artículos para su discusión pero no lograron modificar ni uno solo de ellos, en la conocida maniobra de aplanadora ejecutada en complicidad por el PAN-PRI-PVEM.

La pinza se cerrará sobre miríadas de ciudadanos con las draconianas medidas a activarse el primero de enero. El eje de las mismas es un severísimo código fiscal que incluye disposiciones anticonstitucionales, y sin embargo dotarán facultades nunca antes otorgadas a la autoridad tributaria. En ellas se privilegia la judicialización de los créditos fiscales, los que, en la paradoja, el SAT podrá fincarlos sin juicios previos de por medio. A criterio de muchos el contribuyente apenas podrá iniciar su defensa cuando ya el SAT actúo y en la práctica lo juzgó y lo condenó. Un panorama de pesadilla si se considera que los honorarios de fiscalistas rondan el 20 por ciento sobre la suerte principal.

Los ciudadanos algo han escuchado sobre lo que se les viene encima pero voltean para otro lado con endeble justificación: “no soy narco, ni lavo dinero”. Pero la ley antilavado (el otro grillete que tiene al pie del cadalso a muchos) no sólo tiene esa connotación. En la práctica se aplicará, a partir de determinados montos, a todo ingreso o egreso de cualquier persona cuyo origen y destino no sea absolutamente explicado y lícito. Caso contrario al cotejar su declaración se le aplicará la nueva figura de la discrepancia fiscal la cual es penal. Es decir, todas las compras, donaciones y gastos de un ciudadano común y corriente serán fiscalizados electrónicamente en busca de que empaten al 100 por ciento con su declaración y con sus ingresos en cuentas bancarias (de cualquier tipo, incluidas las de crédito o de inversión). El secreto bancario ha dejado de existir para efectos fiscales.

Una mayoría de especialistas coinciden que numerosas actividades económicas que hasta hoy se verificaban sin problema en la intimidad de las familias, ahora podrán ser sancionadas. Caso a la vista: un padre que en la boda de su hija desea regalarle, digamos, 100 mil pesos. Una cantidad ahorrada a lo largo de muchos años, sin que recuerde peso a peso cómo se constituyó. La hija para no correr riesgos, depositará el dinero en su cuenta bancaria, con lo cual el banco la reportará a Hacienda. Si el padre quiere estar a salvo (y poner a salvo a su hija de cualquier escrutinio fiscal y de la PGR), más vale considere acudir ante notario antes del regalo, a protocolizar la donación, la cual también el fedatario reportará a la SHCP. Más valdrá al donante que sepa explicar entonces de dónde sacó ese ahorro que para el fisco puede contar como ingreso acumulable si es inexplicable en forma documental. Y como sea, la PGR aún puede considerarlo probable hecho constitutivo de delito.

Ni siquiera ese padre podrá pagar en efectivo algún impuesto en contra. El peso para el SAT ha dejado de ser moneda de curso legal. O intente el lector pagar impuestos con pesos. Ello no obstante que la Ley Monetaria del 27 de julio de 1931 reza: “Quedan obligadas las oficinas públicas federales y las de los estados y municipios a recibir estos billetes sin limitación alguna en pago de toda clase de impuestos”. Ironía suprema de quienes debiendo salvaguardar la ley, la ignoran. ¿Qué más da, si hoy el atropello es la norma?