Entre pares

Los peores penales

La falta de una clasificación adecuada de acuerdo a su peligrosidad es, según la CEDH, otro de los factores que desatienden las autoridades.

Apenas superado por otros dos estados de la República, Nuevo León ostenta el tercer lugar en cuanto a presidios en las peores condiciones. El autogobierno impuesto por el crimen organizado y las condiciones infrahumanas en las que viven los internos, sobrepasan cualquier infierno imaginable; y recurrentemente hacen crisis en el actual gobierno rodriguista que llega ya a 9 motines y media docena de hechos violentos, con casi 60 muertos acumulados en las podridas instalaciones penitenciarias de la entidad.

Los centros presidiarios de Nuevo León son, en sí, un catálogo difícilmente superable de los vicios y lacras de un sistema mal llamado de justicia. Fenómenos de maltrato de reclusos, extorsión, hacinamiento, tráfico de drogas, influyentismo y muchos otros son parte de la vida cotidiana en ellos ya muy lejos de cualquier estrategia de readaptación social. El derecho de piso se cobra a los reclusos so pena de sufrir las peores torturas.

Para nadie es un secreto lo anterior. Sale a relucir constantemente. Fue el penúltimo caso donde grupos de presidiarios sin uniforme sometieron a otros semidesnudos en vestimentas de mujer forzados a conductas vejatorias, y luego descubrir en su poder un arsenal de armas largas y equipos de comunicación. Imposible de explicar su introducción al penal sin la connivencia de las autoridades.

El más reciente motín en el penal de Topo Chico por el rechazo de un sector mayoritario de la población penitenciaria al internamiento de un capo de un cártel del crimen organizado identificado con la “contra”, a la postre obligó a trasladar al repudiado con otros 53 internos, a otros presidios en distintos lugares de la geografía nacional. Decisiones como la señalada, disfrazadas de atingencia, dejan ver la debilidad del Gobierno Estatal para conducir las prisiones y la fortaleza del autogobierno que no logra ser erradicado.

La falta de una clasificación adecuada de acuerdo a su peligrosidad es, según la CEDH, otro de los principales factores que desatienden las autoridades, lo que motiva que presos de extrema peligrosidad convivan con los de bajo riesgo o incluso que haya quienes purguen condenas (inexistentes) aún no dictadas, y por lo tanto que no han sido sentenciados, a veces durante lapsos de dos años o más.

Para paliar lo anterior no hay en el Gobierno del Estado esfuerzos de ninguna índole. Véase cómo vocean sus reuniones –más con propósito propagandístico– que a veces llevan a cabo las autoridades de los tres niveles de Gobierno, según ellos siempre para “mejorar la coordinación entre las instancias de seguridad”. Una condición operativa que sin embargo jamás logran pese a que ocasión tras ocasión se obstinan en ella.

Sus boletines donde anuncian la mentada “coordinación”, hasta cobran un absurdo tono de nota de sociedad: “El propósito fundamental de esto (dice el titular de Seguridad del Estado, Arturo González García, al salir de una de esas reuniones), es que nos conozcamos todos… que tengamos una buena coordinación”.

Imposible determinar por qué aún no se “conocen”: el comandante de la Séptima Zona Militar, el comandante de la Cuarta Brigada de la Policía Militar, el director de la Agencia Estatal de Investigaciones, y representantes del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional y del C5, y para qué convocarlos “para que se conozcan”, en el supuesto que ello pudiera mejorar el cumplimiento de sus graves obligaciones y altas responsabilidades (“–aquí Alfa4 a C5, nos atacan los del Golfo… ¡Envíen refuerzos! –¿Te conozco Rojo6? –Sí acuérdate de la reunión para conocernos… –-¡Ah, sí es cierto! entonces sí te los mando…”).

La verdad es que estos inanes pronunciamientos se dan con una demagogia a la que apenas descubren el velo: “El comandante de la Séptima Zona Militar se dijo dispuesto a colaborar con el Estado y los municipios”.

O sea: ¿es tan extraordinaria su colaboración con autoridades civiles de Nuevo León que cabe presumirla? O ¿existe la opción de que no quisiera colaborar y por ello es meritorio su pronunciamiento para divulgarlo a la prensa?

Con estos encargados de seguridad que tienen que sentarse “para conocerse” y “coordinarse”, y los terribles penales del estado, no es casualidad que se reaviven las zozobras de inseguridad que hoy viven los nuevoleoneses.

gcolin@mail.com