Entre pares

‘El Bronco’ induce a violar derechos infantiles

Concretamente se violaría en los niños nuevoleoneses el derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal.

Aficionado a tipificar delitos inexistentes, como el inventado por él mismo para intentar “meter al bote” a un maestro de protesta pacífica, “por revoltoso”, el crecientemente represivo gobernador de Nuevo León –amnésico a su propio pasado como rijoso líder estudiantil–, a su inobservancia del artículo 177 del Código Penal (“no será considerado delito el que las personas se manifiesten ordenada y pacíficamente, realizando marchas, cuando por cualquier motivo circulen por la vía pública”), añade a su perfil la negación flagrante de los derechos infantiles suscritos en tratados internacionales y en la legislación mexicana.

En un mensaje público a una ensordecida sociedad regiomontana que no parece haber acusado recibo del mismo, la semana pasada Jaime Rodríguez comprometió el apoyo absoluto de su gobierno a los maestros de la entidad frente a los padres de familia que los llegasen a demandar por maltratar a sus hijos. Lo anterior en el contexto de la campaña bronquista a favor de regresar a disciplinar “a chanclazos” (o por extensión con cualquier otro objeto contundente) a los estudiantes menores de edad.

Apenas puede enfatizarse el despropósito y la gravedad del apoyo empeñado por la liviandad del gobernador instalado en el paleolítico educativo: “… estoy de acuerdo en que le demos al maestro ese poder que les quitamos; los asustamos porque cualquier mamá que ve o cree que un maestro maltrata a su hijo lo quiere demandar y el gobierno aceptaba eso. Hoy este gobierno le dice a la sociedad regiomontana que el maestro estará apoyado por el gobierno”.

El Bronco invoca una generalizada apertura permisiva al abuso y al maltrato infantil en las escuelas públicas de la entidad por parte del maestro, como supuesto correctivo disciplinario. Una aberración clasista, peligrosísima en los tiempos de violencia doméstica que ya viven los pupilos al interior de sus hogares. Y que supone además, que solo en las escuelas públicas se incuban futuros sicarios por permisividad parental y falta de severidad docente.

De llevarse a cabo la lenidad anunciada a los maestros que golpeen a sus alumnos para disciplinarlos, el gobierno de NL estaría incurriendo en una violación constitucional sistemática a los derechos infantiles por la inducción al maltrato de menores tanto en hogares como en escuelas. Una licencia virtual, en principio extendida con todo el apoyo gubernamental, a los más de 50 mil maestros de primaria y secundaria de la entidad para maltratar a sus pupilos. La descabellada medida implica una discriminación en perjuicio de todo un grupo nacional al que el gobierno de NL cancelaría en la práctica los derechos de que gozan los demás infantes mexicanos.

Concretamente violaría en los niños nuevoleoneses el derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (publicada el 4 de diciembre de 2014), cuyo artículo 13 a la letra estipula: “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad”.

En lugar de propiciar mejores prácticas docentes, acordes con las nuevas filosofías de la educación, El Bronco a contrapelo de la didáctica moderna que ya no hace de la represión el eje de la educación, da a un salto de cien años al pasado norteño nuevoleonés, autoritario, machista y rural para extraer de él supuestos modelos de formación estrictamente reprimida.

No se trata de discutir el repudiable refrán de resonancia talibán que reza: “la letra con sangre entra”, sino de protestar con firmeza una masiva permisibilidad al maltrato infantil en las escuelas enunciada como política pública para producir mejores ciudadanos.

Para colmo, con el apoyo explícitamente garantizado del gobierno nuevoleonés para que los maestros de la entidad recurran –sin temor a demandas de los padres de familia– al maltrato físico de los alumnos para “educarlos”.

gcolin@mail.com