Entre pares

La burbuja de la seguridad

Las zonas rurales del norte y sur del estado siguen sufriendo los estragos de grupos armados.

Festinado como uno de los grandes logros de la administración medinista, la estabilización a la baja de la narcoviolencia en Nuevo León, pudiera ser sin embargo una precaria burbuja de imprevisible duración.

Siendo de suyo dinámica, la fase en apariencia larvada del fenómeno en la entidad es ambiguo. Las páginas rojas de los vespertinos regiomontanos —porque los matutinos, a tono con la directriz peñanietista, a menudo hacen sordina a estos eventos—, salpican a sus lectores de ejecuciones, balaceras, decapitaciones y otros crímenes característicos de grupos armados que suceden a diario, pero circunscritos a zonas marginadas.

Esta semana en Fomerrey 45, un enfrentamiento entre comandos armados quitó la vida a un taxista atrapado en el fuego cruzado. La diferencia del ayer con el hoy es que ahora ocurre en zonas de escaso valor y visibilidad.

Luego entonces pareciera que el principal logro del régimen hubiera sido reducir la intensidad y la visibilidad de la narcoviolencia pero sin que desde luego, ésta se haya erradicado como los apologistas del medinismo vocean. Para apreciar la volatilidad del statu quo basta con voltear a la frontera ribereña de Tamaulipas y darse cuenta que en determinado escenario, ni el Ejército, la Marina y la Policía Federal juntos han podido detener el baño de sangre, desapariciones y secuestros. 

Las zonas rurales del norte y sur del estado siguen sufriendo los estragos de grupos armados ante el abandono pusilánime de elementos ministeriales de la PGJE. El consulado de EU en Monterrey así lo hizo saber a sus connacionales en reciente boletín que causó escozor. La lejanía y relativo bajo valor político de esas ubicaciones, aunada a la opacidad de la información que se desprende de instancias de gobierno, dificulta más aún el análisis de lo que verdaderamente está ocurriendo allá, y por ende acá.

Según otro investigador en una hipótesis intrigante, el norte del estado habría dejado de ser la tierra de nadie, para emerger como asentamiento de grupos armados que anteriormente habrían aterrorizado núcleos irregulares de población con el objeto de despojarlos de sus tierras para facilitar su entrega paralegal a los holdings petroleros.

La complejidad de causas y efectos del fenómeno permite establecer que no hay un factor unidimensional en el relativo abatimiento en la entidad de índices de criminalidad y su actual ocurrencia soterrada, disimulada.

Pretender que la sola constitución y presencia de la Fuerza Civil es garante de seguridad cuasi ilimitada por tiempo indefinido para Monterrey, sería un grave error. Hacerlo creer así a la población, como se ha publicitado, sería ignorar la naturaleza del género delictivo asociado al narcotráfico.

Sin duda la corporación representa un adelanto respecto a las corruptas fuerzas policiacas cuya labor en parte vino a suplir, pero dista mucho por sí misma de tener la contundencia necesaria sobre todo en áreas de prevención e inteligencia. Por otra parte, las fuerzas municipales siguen a merced de los eventos políticos y sus protagonistas que en no pocas ocasiones prohíjan su corrupción.

Se habla así, según versiones no confirmadas, de un municipio de Guadalupe cuyas fuerzas policiacas ya estarían de nuevo cooptadas en algún grado por el crimen organizado y que en Juárez, irían en camino de lo mismo. En concordancia, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública alerta que no pasan los exámenes de confianza más de un 33 por ciento de policías nuevoleoneses sometidos a dicha prueba.

Hace falta mucho más que los recursos financieros y en especie que se dice aportó la IP para lidiar con la narcoviolencia (en un esquema de secrecía y opacidad pues se desconoce con exactitud qué es lo que “les agradece el pueblo”, como dijo Rodrigo Medina en su Quinto Informe; ni qué fue lo que los empresarios obtuvieron a cambio. ¿O fue filantropía y puro amor a Nuevo León?).

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