Entre pares

Soberbia militar

No le vendría mal a sí mismo un acto de humildad, quizá desconocido para un taltante insensible.

El general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, al parecer no cultiva el sentido de la prudencia, ni la mesura.

En ocasión del inicio del polémico cuartel que por oscuros designios –y con una muy opaca conjunción de donativos privados y recursos estatales– alojará a más de tres mil elementos de Policía Militar en Escobedo NL (destinados a resguardar la futura inversión gasera extranjera en Burgos como ahora se sabe por la boca incontinente del secretario de Economía de NL), emitió en el acto palabras que adquieren siniestro significado en la saga de acontecimientos que amenazan convulsionar al país: “Aportaremos esfuerzos sin amedrentarnos por juicios injustos, algunos sin duda erróneos, carentes de fundamento, malintencionados y que la institución armada nacional no merece”.

Si sus términos aluden a la crítica ciudadana que se ha vertido en fechas recientes sobre la cúspide de poder militar en México da a pensar que se trata de su respuesta ensoberbecida, a nombre de una institución que todavía se desea incuestionable, justo cuando varios de sus elementos castrenses han sido consignados por homicidio calificado, cometido en agravio de casi la mitad de 22 personas (que se habían rendido a los militares) en la población de Tlatlaya, Estado de México.

En ese contexto: ¿De cuáles juicios injustos, erróneos, infundados o mal intencionados son de los que habla Cienfuegos Zepeda?

¿Serán “mal intencionados” los contenidos en la tardía recomendación (primero omitida y luego por fin emitida) al Ejército por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el caso Tlatlaya?

En ese poblado mexiquense “22 personas, entre ellas dos adolescentes de 17 años y una de 15 años fueron privadas de la vida […] 12 personas fueron presumiblemente privadas de la vida arbitrariamente por personal militar, sin estar heridos, incluyendo dos adolescentes…”. Privar arbitrariamente de la vida a alguien es, sin eufemismos, un asesinato. 

De las agravantes de premeditación, alevosía y ventaja con que actuaron los soldados homicidas quedan pocas dudas según la CNDH, ya que la patrulla militar se sabe que gritó al entrar a la bodega donde se encontraban incluso algunos secuestrados: “A los que estén vivos o heridos vuélvanles a disparar”.

Al secretario de la Defensa que hoy invoca responsabilidad social y unión a los conciudadanos no le vendría mal a sí mismo un acto de humildad responsable, quizá desconocido para un talante autoritario e insensible usual en un general de fuerzas armadas, pero valioso para ofrecer alguna satisfacción a las familias de las víctimas (por lo menos de los dos secuestrados que sin deberla ni temerla abatieron ahí a sangre fría, si fuera el caso que de los demás –sin proceso judicial de por medio– se quisiera atribuir el Ejército Mexicano la facultad de ejecutar penas de muerte en el acto).

Lo anterior se hace obligado cuando en grave desdoro del honor militar, durante las primeras horas de las ejecuciones a mansalva, la partida castrense con cuerpos manipulados y evidencias alteradas escenificó un enfrentamiento, simulando las muertes como parte del mismo; y así la Sedena (con la vergonzante CNDH Plascentista de comparsa) sostuvo el encubrimiento como versión oficial varias semanas, desde el 30 de junio hasta que fue imposible sostenerla por el testimonio de una testigo sobreviviente.

Lejos de algún reconocimiento neto sobre el terrible homicidio colectivo en el que incurrieron los elementos del Ejército, la Sedena, es decir el general Cienfuegos, aunque la acepta: “No comparte algunos de los señalamientos contenidos en dicha recomendación” (de la CNDH); y en cuanto al acto de formal prisión de siete soldados por la matanza en Tlatlaya, en lugar de afirmar que tomará medidas para impedir se repita, y buscará la reparación del daño infringido, salió en defensa de la tropa: “Se velará para que todo militar que enfrente una investigación penal, tenga un trato digno, respetando en todo momento sus garantías constitucionales”.

Garantías en el colmo de la soberbia, reclamadas pero negadas a los ciudadanos que ahora convocan, como las que los soldados en Tlatlaya rehusaron otorgar en la matanza a sus víctimas: “Los militares ordenaban: ‘¡Hínquense!’ y se escuchaban más balazos”. El problema es que actores principalísimos del estado de Derecho en México, lo diluyan a pasos agigantados invocándolo luego, soberbios e intocables sólo para sí mismos.

gcolin@mail.com