Entre pares

Santa Catarina: ¿qué celebran?, ¿impunidades flagrantes?

El munícipe de Santa Catarina, NL, Víctor Pérez, acaba de salvar escasamente por un voto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el desafuero y la consignación penal por presunto desacato a orden judicial expresa, que ordenaba indemnizar a un particular por un predio del que se había apropiado ilegalmente la comuna. Feria de ilegalidades si las puede haber todas juntas.

Reconvertida la apretada zaga del alcalde Pérez, en bizarra verbena de oración y mitin de elogios acarreados, el presidente municipal libró por minutos ser destituido de su cargo al entregar en la raya más de 45 millones de pesos por concepto de indemnización al quejoso.  

El asunto, en el que sí quedó judicialmente atrapado el ex alcalde Gabriel Navarro, antecesor de Pérez,  es de larga data y se había hecho crónico su incumplimiento durante varios trienios de gestiones municipales desde 2003.

Las sucesivas administraciones dieron largas al cumplimiento forzoso de una sentencia de amparo firme hasta que en el absurdo jurídico -pues el ayuntamiento carecía de argumentos-, el litigio llegó hasta la SCJN. Y todavía ahí fue necesario hacer enfurecer al Pleno con tácticas dilatorias e incumplimientos para que se diera el dramático amago de la SCJN.

Pese a las constantes autodeclaraciones de inocencia por parte del alcalde Víctor Pérez, cinco ministros de la Suprema Corte no quedaron convencidos del voto emitido a su favor por parte de la ministra, Olga Sánchez Cordero, que hizo mayoría (la que para festín de suspicaces se ausentó de la audiencia justo momentos antes de emitir su voto, otorgando en los hechos un precioso tiempo para que un cheque bueno atravesara la ventanilla bancaria).

Es decir, no fue un voto unánime, como hoy pretende hacerlo valer Pérez, quien ya ni menciona si el cheque con el que primero intentó pagar un día antes, tenía o no fondos, como se publicó, o si su tesorería acudió a la chicana de nominarlo ligeramente distinto para que el banco lo rechazara (pero suficientemente obvio para que no se pudiera argumentar fraude con el documento).

En el trasfondo lo que pretende desvanecer la cortina de humo de declaraciones y verbenas de oración en apoyo a Pérez, es la absoluta ilegalidad con la que el municipio de Santa Catarina, en tiempos de la gestión del alcalde Alejandro Páez, se apropió ilegalmente de un terreno propiedad de un particular. ¿Cómo ocurrió eso? ¿De qué gritan los acarreados: “¡sí se pudo!, ¡sí se pudo!”?

El despojo municipal de dicho terreno, con y sin Suprema Corte de Justicia, es a ojos vistas un delito flagrante y por desgracia uno que ha quedado impune a lo largo de los años. La indemnización es el resarcimiento económico de la acción punible, pero ¿qué pasa con los funcionarios responsables? El erario la paga ¿y nadie más?

Presidentes municipales han ido y venido desde hace más de una década en Santa Catarina; y el litigio pervivió a todos ellos porque ninguno se hizo cargo de su responsabilidad legal: hacer cumplir la ley.

Puede decirse, con base en lo evidenciado, que desde entonces todos los alcaldes de Santa Catarina en su momento fueron cómplices de la situación de facto y ninguno hizo algo para enmendar la ilegalidad incurrida, como no fuera alargarla en detrimento de los contribuyentes santacatarinenses, algunos de los cuales hoy en fanática amnesia enajenada, le celebran haya pagado 45 millones de sus bolsillos (“¡A Dios gracias!”).

Y todavía el actual alcalde Víctor Pérez infla el pecho para dar salida a  palabras de prócer: “Siempre confié que en este país existe la justicia”. ¿Justicia porque a duras penas por un tecnicismo evadió la consignación penal que cinco ministros votaron que sí merecía? ¿Justicia porque a ninguno de sus antecesores, salvo el más reciente, lo tocarán por despojo a un particular de su terreno? ¿Justicia porque nada lo obliga a mostrar los flujos de caja que justifiquen que minutos antes de ser consignado no tenía 45 millones para pagar la indemnización ordenada y de pronto sí dispuso de ellos? ¿De dónde los obtuvo?

Justicia habría en México si él y el resto de sus antecesores involucrados, fueran llamados a explicar ¿por qué no impidieron el atraco al erario?, y se les demandara en consecuencia y proporción, a pagar de su bolsa los 45 millones penalizados y con intereses que hoy se tuvieron que desembolsar de las arcas municipales de Santa Catarina.