Entre pares

Proteger al denunciante es un primer paso

Negado o matizado oficialmente, el fenómeno de la violencia atribuida al crimen organizado en Monterrey sigue permeando amplias capas de la población regiomontana que han visto mutar una parte importante de ella a la modalidad de extorsión por derecho de piso como un impuesto oculto, ineludible, bajo el riesgo de perder la vida.

La premisa es por su naturaleza conjetural y la autoridad en un exceso rigorista, supone que la lacra es inexistente, tan sólo porque según ella no cuenta con denuncias ad-hoc. Pero se trata de una política descalificadora del carácter abrumador del problema. La actitud judicial denostadora más reciente ha sido mandar al denunciante a... ¡valoración psiquiátrica para saber si no sufre delirios y está ubicado en tiempo y espacio!

La población que la sufre en carne propia no acude a interponer querella porque teme —muchas veces con sobrada razón— que su denuncia será trasvasada a los extorsionadores por la misma Policía a la que acuda en pos de auxilio. Sabido es que son entidades entre las que a menudo hay vasos comunicantes.

El círculo vicioso de la postura gubernamental “aquí no pasa nada y sólo son rumores”, se cierra con la contribución mediática a “bajar el tono y frecuencia con la que suceden hechos asociados a la narcoviolencia”, y con el estridentismo gubernamental que para todo efecto vocea una mejoría en el clima de la seguridad pública.

Pero más allá de ello, en numerosos casos sí es posible comprobar con una simple indagatoria superficial que la extorsión es un cáncer que ha hecho metástasis en Monterrey, se ubica generalizado en toda el área metropolitana y agobia numerosas familias y empresarios, sean estos de mínimo capital o de altos vuelos.

Desde puestos de tacos ambulantes hasta agencias de automóviles, e incluso grandes factorías y consorcios reportan consistentemente, por sí mismos o a través de sus cámaras y representantes, que el fenómeno persiste y es acuciante.

La dificultad esgrimida por la autoridad para combatir el delito, relativa a la ausencia de denuncias formales, debería ante la proliferación del fenómeno delictivo producir en esas mismas instancias de procuración de justicia, estrategias eficaces a fin de propiciar denuncias herméticas y seguras para combatir la extorsión por cobro de piso.

El gobierno de la entidad no requiere buscar soluciones demasiado lejos. En lugar de la burocrática cerrazón exhibida, podría habilitar un contingente antiextorsiones por derecho de piso e instalar mesas especiales de denuncia con protocolos idóneos para proteger la identidad de los denunciantes a semejanza de lo que ya se hace en la unidad antisecuestros del Gobierno del Estado que, justo se puso en marcha cuando la ola de levantones incluyó hasta grandes capitanes de empresa. Ellos por cierto mantienen constante un apoyo pecuniario para capacitar a los agentes, incluso en el extranjero, y a la labor especializada que se realiza en esa unidad, la que incluso cuenta las 24 horas con agencia del ministerio público, en instalaciones habilitadas ex profeso para las negociaciones y para que en ella los familiares de los secuestrados hagan sus denuncias respectivas en total discreción y privacidad, cuya ubicación por seguridad se mantiene reservada.

Es una suerte de barandilla de segundo piso a la que los allegados de las víctimas sólo acceden si son referidos por la misma autoridad, la que, para su atención los canaliza ahí, poniendo en marcha desde el primer momento un protocolo a fin de proteger su identidad.

Ante la ola delictiva de extorsiones por derecho de piso que ahoga al área metropolitana de Monterrey y en general a Nuevo León, es urgente e inaplazable que el Gobierno del Estado abandone la zona de confort de la negación (“sin denuncias no podemos hacer nada”), y asuma que el citado fenómeno delictivo existe, está generalizado y requiere de una inmediata estrategia puntual para combatirlo, la que de entrada, por su delicada naturaleza y temida infiltración del crimen organizado en los aparatos de justicia, precisa de protocolos especiales que den suficiente protección al denunciante.