Entre pares

911… ¿Política de Estado para superar la crisis?

La crisis se ahonda y Peña Nieto con sus escasos aliados ni idea tienen de qué sigue.

A manera de un surtido tuti fruti, en el reciente discurso de EPN sobre la crisis de su gobierno es posible encontrar medidas disímbolas sobre los derroteros que propone para superar la crisis política, económica y de seguridad que tiene pasmado a su gobierno.

Así es factible encontrar una disposición de orden muy menor y más bien de tipo administrativo, como lo es la implantación de un número telefónico de emergencias (911), al lado de… ¡enmiendas constitucionales! (que en realidad sobre escriben y atentan contra el municipio libre, la piedra fundacional del sistema mexicano de división política).

 Ello ofrece una primera impresión sobre el rigor que puede otorgarse al documento leído por el Presidente en teleprompter (al que videos en YouTube lo muestran lastimosamente sin capacidad para hilvanar un discurso propio).

El mix botanero que EPN presentó en cadena nacional da cuenta de la fragilidad conceptual de los asesores presidenciales en Los Pinos y de su líder. No en balde el discurso a menos de ochos días de pronunciado ya ha sido descartado por una mayoría de la opinión pública. Prácticamente todas las columnas de opinión coincidieron en criticar los alcances limitados del decálogo peñista salvo las usuales excepciones de quienes presumiblemente repitiendo el guión de Los Pinos.

En efecto, EPN no ofreció argumentos para tomarlo en serio (algunas propuestas incluso él mismo confesó que eran refritos de otros foros y rosarios de promesas semejantes que según él, ahora sí se cumplirían). Habida cuenta de la inmensa crisis de legitimidad que se tragó de súbito a su gobierno es muy pobre el efecto obtenido (para producir efectos de convicción en la población).

 Mientras tanto, transcurren episodios que dan más al traste aún con la deteriorada imagen del Estado de Derecho que priva hoy en México. Suceden detenciones arbitrarias y anticonstitucionales de jóvenes manifestantes en calles aledañas a los hechos principales. En realidad ninguno de los detenidos guarda relación directa con desmán o vandalismo alguno. Uno incluso es un académico chileno en vías de obtener su doctorado en la UNAM. Tiene la ocurrencia de acompañar a sus compañeros mexicanos a la manifestación de protesta por los normalistas desaparecidos Ayotzinapa y ahí lo detienen. 

 El aparato de justicia organizada (de algún modo análogo hay que llamarla), se ceba en ellos acusándolos incluso del delito de terrorismo, delincuencia organizada y homicidio calificado; claramente todo un despropósito de acusación. Para colmo de males, los confinan a disposición de jueces en prisiones de alta seguridad de lugares tan alejados como Tepic en Nayarit.

Transcurridas semanas, un juez de esa localidad por fortuna, da rara y escasa muestra de que aún hay hebras de integridad en el corruptísimo Poder Judicial y los libera porque las pruebas aportadas por la PGR carecían de los más elementales estándares de lógica. Enuncia entre otras pifias garrafales que, por ejemplo, el delito de delincuencia organizada lo hacían valer porque los policías que los detuvieron oyeron que uno de ellos le decía a otro “compa”. 

 Desde luego, no es casual que esto suceda cuando más deberían las instituciones derrochar prudencia y pericia en vez de arbitrariedad. Son medidas, aducen muchos, que pretenden atemorizar y disuadir de protestar, a las multitudes que están saliendo a las calles en todo el país.

La crisis se ahonda y Peña Nieto con sus escasos aliados ni idea tienen de qué sigue. La búsqueda de los desaparecidos cesó y sólo se mantiene en la propaganda oficial. Pero en una exploración reciente (atestiguada por un diario nacional) llevada a cabo por los padres de los desaparecidos en un terreno aledaño al lugar de los hechos, encontraron tantos restos humanos, jirones de ropa y osamentas que da la impresión que Guerrero entero es una fosa clandestina. Pese a ello ninguna instancia oficial se apersona en el lugar para dar fe del hallazgo, mucho menos para investigar.

De cara a la resistencia civil el desfondado decálogo peñista se ha topado de frente a tan graves evidencias. El gobernador Rodrigo Medina en NL repite el estribillo vacunador de toda protesta o rechazo: no politicen la seguridad (empero hasta el hoy silente titular de la Arquidiócesis de Monterrey, como muchos de sus homólogos en todo el país) se deslindó del rumbo peñista y exhortó a enderezarlo).  

Pero todo lo que se les ocurre a los priistas de por acá, que pronto verán justamente lo contrario: que el pueblo ya tomó conciencia de que la seguridad personal pasa por la defensa de los derechos propios y su ejercicio político para que se respeten. 

gcolin@mail.com