Entre pares

¿Parroquia colapsada y cuenta nueva?

La reciente tragedia de la parroquia colapsada en el municipio de Juárez exhibe varias aristas de impunidad que su condición de templo católico opaca.

No se sabe a ciencia cierta, en efecto, si el terreno que ocupaba la obra derrumbada, donde en ese momento oficiaba un arzobispo auxiliar de Monterrey, es propiedad de la Iglesia católica, de la constructora ARA, desarrolladora del fraccionamiento, o del municipio de Juárez.

No son incógnitas triviales. Son el primer paso para deslindar responsabilidades en un supuesto accidente que cobró ya la vida de un inocente y mantiene a otras tres personas heridas de gravedad. Si la propietaria del predio es la constructora ARA, entonces la responsabilidad civil de lo que en él ocurra es suya, a menos que haya denuncia por invasión de terreno a la Arquidiócesis que lo ocupó sin instrumento jurídico de por medio. Para colmo, se conoce por cándida confesión de la propia autoridad municipal que la edificación del templo se estaba llevando a cabo, contra toda norma oficial y sin permiso escrito del propietario, por acuerdo “de palabra” de la misma autoridad. Todos ellos hechos punibles. ¿Cómo autorizó el munícipe un comodato a la Iglesia sobre un terreno del que aún no se daba por recibido?

Esa ilegal “autorización” verbal, obvia decirse que es nula de toda nulidad y en principio probable hecho constitutivo de delito. Ninguna autoridad de ningún nivel tiene esa facultad irregular que el alcalde de Juárez reconoce existió; mucho menos tratándose de un permiso de construcción otorgado “de palabra”. ¿Y el Cabildo de Juárez está pintado o sólo cobra como parte del decorado?

A continuación cabe cuestionar: ¿a quién se otorgó dicha autorización? ¿Fue otorgada a la Arquidiócesis de Monterrey? ¿Al párroco en representación de ella o por sí mismo? En cualquiera de ambos casos también resultan responsivas inquietantes ya que ni el párroco ni la Arquidiócesis podían desconocer que aceptaban algo prohibido.

Por ley no se puede emprender construcción semejante sin la plena posesión jurídica del predio, los permisos oficiales de planimetría, proyecto de ingeniería civil y uso de suelo, o ¿es que acaso los beneficiarios no conocían las anomalías de la obra bajo las cuales se fincaba el templo y que incluía hasta un parque?

Literalmente después de ahogado el niño (dicho sea con respeto a los deudos del hasta ahora único fallecido), declara el panista edil de Juárez que la misma tarde de la tragedia se regularizarían otros cuatro predios semejantes concedidos en comodato a la Arquidiócesis de Monterrey, de “palabra” para que ya fueran “debidamente supervisados por la autoridad especializada”.

Habría que entender que la autoridad que representa Ambriz había otorgado de palabra los permisos oficiales necesarios, pero como no constaban por escrito, los inspectores municipales ni nota tomaron que el templo existía y estaba siendo construido desde hacía varios meses.

Aquí hay otra grave negligencia punible que debe perseguirse de oficio, a la luz del deceso del menor acaecido en el derrumbe y de la grave situación de los feligreses aún hospitalizados con “heridas que ponen en peligro la vida y tardan más de quince días en sanar” (¿suena familiar el código penal?).

La Arquidiócesis de Monterrey hasta donde las evidencias aportan, no sale mejor librada. Aparte de presumiblemente aceptar predios irregulares, emprendió en ellos la construcción sin licencias oficiales de templos con notorias deficiencias constructivas que pusieron en peligro auditorios públicos. No es cualquier cosa.

Si bien la autoridad civil, de manera muy torpe ha pretendido deslindar a la Arquidiócesis de Monterrey de toda responsabilidad incluso incriminándose ella misma como autoridad, cual lo hizo Rodolfo Ambriz, el munícipe de Juárez, la representación eclesiástica no puede aceptar sin más dicho deslinde y evadir la responsabilidad que le toca ante los deudos y heridos. Sólo por un deber moral si no fuese por otra consideración.

Monseñor Rogelio Cabrera López llegó exactamente hace un año al arzobispado de Monterrey. Podría consolidar los cambios que algunos dicen ha llevado a cabo en favor de una mayor apertura de la jerarquía a la sociedad, si en su primer aniversario como pastor regiomontano, hace frente a la tragedia que un cúmulo de privilegios indebidos y negligencias consentidas a favor de la Iglesia provocó la muerte de un menor y el estado grave de otros varios. Renunciar a las canonjías y aceptar las consecuencias marcaría la pauta de una gestión, la suya, acorde con los nuevos aires que soplan en Roma.