Entre pares

Golpe a la disidencia magisterial

Una evaluación formativa, sin consecuencias administrativas o laborales. Eso es lo que los maestros reclaman.

Justo en los epílogos de la fuga del Chapo, elevada a los altares por los afanes mediáticos del gobierno peñista cuya corrupción y pactos secretos la permitieron según el pueblo que los observa, llega súbita la reacción federal al desprestigio.

Con justeza un editorialista de un diario nacional previno: “¡Cuidado con el tigre herido!”, sobre lo que intentaría EPN para intentar restañar su desprestigio o distraer a la opinión pública. Al parecer la fuerza del Estado prometida contra el prófugo va a ir directo contra los maestros que rechazan la mal llamada reforma educativa. Dos pájaros de un tiro.

Así, en orquestada escenografía donde hasta el gobernador de NL hace coro con la Conago a plana entera, desde Oaxaca se anuncia el desmantelamiento frontal de la disidencia magisterial sureña, organizada en el demonizado CNTE a través de una jugada de truco: disolver un instituto oaxaqueño para la educación y en el acto erigir otro similar pero ya sin docentes de por medio. Ni un solo profesor en el nuevo instituto de supuesto fomento educativo.

Por ello vale la pena reproducir aquí conceptos que sobre el particular envió a esta columna una profesora de arraigo en NL, que tiene tras de sí una larga trayectoria de décadas en defensa del magisterio nuevoleonés y su problemática tanto en los activos como en los jubilados.

En palabras de Lucilda Salazar: “No sólo los maestros de la CNTE repudian la ‘reforma educativa’, ahora son multitudes de docentes de casi todas las secciones que integran el SNTE, los que cuestionan la evaluación persecutoria porque ésta no fue consensada con los docentes, sino impuesta de manera autoritaria. La reforma no se construyó con los maestros, sino contra ellos. Las causas de fondo del rechazo a la reforma son los propios errores estructurales, jurídicos y políticos con que fue construida.

“El gobierno no midió las consecuencias políticas, sociales, ni las financieras, pues ahora enfrenta problemas presupuestarios severos para pagar las jubilaciones masivas de maestros, provocadas por la reforma. Tampoco puede cubrir el gasto que origina el proceso mismo de la evaluación y, además, tiene dificultades para financiar el programa de estímulos que sustituye a la carrera magisterial.

“Las autoridades dicen que el objetivo es elevar la calidad de la educación, pero las evaluaciones no la producen por sí mismas. Más bien, quieren justificar que tiene el propósito perverso de seguir culpando a los maestros de los bajos resultados educativos. Las causas son otras: la incompetencia de los funcionarios responsables de la educación a nivel federal y en cada uno de los estados, el modelo educativo agotado, la insuficiencia de los planes y programas de estudio, la falta de actualización de las escuelas normales, la situación desastrosa en que se encuentra la infraestructura escolar, las condiciones de pobreza en que viven la mayoría de los educandos, entre otras. El Gobierno no propone un plan integral para mejorar la calidad de la educación, sólo la evaluación de los docentes.

“Sería conveniente revisar la reforma. Dar paso a una auténtica, que ponga en el centro la construcción de un nuevo modelo pedagógico del cual la evaluación formara parte sustantiva, pero no como medida de control o de castigo, ni como medio para decidir la permanencia de los docentes en su trabajo, sino para mejorar el desempeño y profesionalización de los maestros. Una evaluación formativa, sin consecuencias administrativas o laborales. Eso es lo que los maestros reclaman.

“En la construcción de la nueva reforma educativa será necesario que participen especialistas en la materia, pero también y en primerísimo lugar los docentes. Sólo así habrá certidumbre, estabilidad, tranquilidad y entusiasmo de los maestros para hacer realidad la nueva normativa. Las reformas a la fuerza no prosperan, al contrario generan resistencia y fracaso. Los tiempos de ‘la letra con sangre entra’ ya expiraron”.

En el contexto de un sistema educativo donde hace décadas no se construye ninguna nueva universidad pública y en el cual de 60,000 aspirantes a ingresar a la UNAM sólo hay cupo para menos del 12 por ciento, ya es cuestión de seguridad nacional iniciar una reforma educativa a fondo, comprometida no con los dictados de la OCDE, sino al servicio de una verdadera educación laica, gratuita y popular.

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