Entre pares

Fuerza Civil en la disyuntiva

La gente de Nuevo León, por su idiosincrasia, está visto que mira con estigma darse de alta en su propia Fuerza Civil.

Justo cuando se recrudece la rebatinga política sobre los controles municipales de los cuerpos de Policía, y cuando la zona metropolitana de Monterrey experimenta un visible repunte de ejecuciones en vías públicas, la Fuerza Civil —un proyecto notable de Nuevo León en seguridad pública estatal—, padece a últimas fechas de un sangrado que podría dejar anémica a la corporación en el corto plazo.

La razón —según fuentes usualmente bien informadas— es que los planificadores que concibieron la idea y los esquemas detrás del organismo desconcentrado —de aplausos cosechados como institución ejemplar de combate a la delincuencia organizada y a la inseguridad pública—, no previeron el porcentaje de deserciones o renuncias que el modelo de concentración habría de enfrentar y que según los enterados, ronda alrededor de unos cincuenta efectivos que se dan de baja cada mes.

El modelo militarizado de la fuerza es la causa. Los elementos civiles que se dan de alta, al enrolarse no contemplan hasta que la padecen, la dureza de sus acuartelamientos militares con duración de 20 días por cada cinco jornadas francas o de descanso.

El desgaste anímico y psicológico que ello supone a los agentes civiles y el estrés que se impone a sus familias por la ausencia prolongada de sus hogares, sería la principal motivación por la que los elementos se dan de baja pese a su adecuado nivel de percepciones y la profesionalización de su labor.

En un círculo vicioso los mandos de la Fuerza Civil se manifiestan reacios a reducir como paliativo los periodos de acuartelamiento porque, de manera sobresimplificada, ven en el sostenimiento de la medida un valladar a las tentaciones de corrupción o de infiltración por parte del crimen organizado.

Sin embargo, la tasa de deserción es demasiado alta habida cuenta que la de reposición de los nuevos reclutas es magra. Dicen los enterados que la cantera de reclutamiento del DF ya se agotó de manera ostensible y los scouts de Fuerza Civil andan ahora haciendo labores de reclutamiento por muchos otros estados de la República; pero no son optimistas las perspectivas. Y la gente de Nuevo León, por su idiosincrasia, está visto que mira con estigma darse de alta en su propia Fuerza Civil.

Esto significaría que a corto plazo Fuerza Civil perdería más elementos que los que da de alta en un periodo dado, hasta que eventualmente el número de efectivos comprometidos mermara incidiendo peligrosamente en su efectividad.

Así, al llegar a lo que podría verse como una de sus primeras etapas de maduración, Fuerza Civil en opinión de sus observadores requiere de una valoración a fondo de sus estrategias a seguir en cuanto a reclutamiento y permanencia se refiere, antes de que fuese demasiado tarde.

Independientemente de que Fuerza Civil se inscriba en el combate a la narcodelincuencia de la única forma que los gobiernos de NL han sabido hacerlo (vía el combate armado al fenómeno) es tan costoso el modelo (que para su implantación ha requerido a la fecha de más de 3 mil millones de pesos), que sería un desperdicio y una notable desprotección ciudadana se dejara naufragar a la deriva sin asumir correcciones importantes sobre la marcha.

Dícese que la Fuerza Civil en sus orígenes fue producto de una presión conjunta de un sector del empresariado nuevoleonés con planificadores militares. Se dio en el momento más álgido de la narcoviolencia que azotó a la entidad como posibilidad de garantizar mínimos de seguridad pública a manera que los flujos de inversión no decayeran o no se ahuyentaran, y para recuperar un poco la “marca Monterrey”.

Tal vez fuera hora que los autores de la iniciativa (externos al actual gobierno que hizo suya la idea), regresaran a la mesa de diseño y repensaran qué hacer con la falta imprevista de nuevos reclutas y la renuncia ni tan por goteo de los actuales agentes en Fuerza Civil.

Y ya metidos en averiguaciones, podrían revisar qué pasa con los fondos también de iniciativa empresarial, del Fideicomiso antisecuestros que deberían llegar regularmente a la unidad de la PGJ especializada en la materia, como apoyo para gastos operativos, y que al parecer están siendo desviados dentro del mismo Fideicomiso a bolsillos particulares desde hace más de un año, presuntamente vía facturas de reposición apócrifas o fraudulentas. Se habla de unos 20 millones mensuales hechos humo.

gcolin@mail.com