Entre pares

Si la Arquidiócesis fue exonerada, ¿quién resulta responsable?

Reconvertido a sí mismo —quizá de manera involuntaria o indirecta— en vocero de autoridades civiles, el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, hizo saber a una sociedad regiomontana que no tenía noticia adelantada de ello, “que ya se ha dado la resolución oficial por parte de las autoridades competentes, sobre el derrumbe de la capilla en el municipio de Juárez, en la cual no se finca responsabilidad alguna al párroco de dicha iglesia”.

Si bien no se tiene noticia pública de dicho pronunciamiento oficial, en el ámbito civil la exculpación avisada es por lo pronto una primicia que obliga a tomar bona fide lo dicho por el arzobispo, ya que no hay motivo para dudar que, tal vez en una deferencia protocolaria, así le fuera comunicada la “resolución oficial” a la Arquidiócesis de Monterrey (“por las autoridades competentes”) antes que a la sociedad en su conjunto.

Precisamente por ello, haría bien la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León en explicar los motivos por los cuales hasta ahora ha preferido no informar a los nuevoleoneses sobre la “resolución oficial” de la que habla el arzobispo Cabrera López. Eso si la PGJ hace honor a su carácter de institución pública que por ministerio de ley ostenta la representación social.

Como se recordará, en el pasado mes de septiembre un templo católico que ocupaba un predio de manera irregular, se derrumbó en el municipio de Juárez, hiriendo a varios feligreses y ocasionando la muerte de un menor de 11 años. 

En esa ocasión, esta columna (MILENIO 03/10/2013 “¿Parroquia colapsada y cuenta nueva?”) se hizo eco de las irregularidades públicamente observadas: “…el terreno lo ocupaba la Arquidiócesis sin instrumento jurídico de por medio y en él se edificaba un templo sin permiso o licencia de construcción oficial, a la palabra como lo reconoció el propio alcalde Rodolfo Ambriz, ocupando la iglesia el terreno en cuestión (y otros cuatro en condiciones semejantes) por un comodato verbal, aún antes que fuera propiedad del municipio”; provocando a fin de cuentas deficiencias constructivas en calidad y diversidad de materiales, y sin planos idóneos de ingeniería o de cimentación que a la postre, presuntamente, contribuyeron al fatal desplome.

Y ante el rosario de anomalías, “Entre pares” hacía propio un clamor de la opinión pública a la jerarquía eclesiástica “por un deber moral si no fuese por otra consideración, a hacer frente a la tragedia que privilegios indebidos (construir en un terreno ajeno que no era de su propiedad formal) y negligencias consentidas (sin planos, ni licencias, ni permisos municipales), produjeron en el derrumbe de la construcción la muerte de un menor”.

Ahora, en un acto que enaltece el ejercicio pastoral de su misión, el arzobispo Rogelio Cabrera López acaba de anunciar a la prensa que “por nuestra parte y en un acto de justicia y solidaridad cristiana, hemos asumido apoyar a la familia afectada. Vamos a cumplir con lo que marca la ley, aunque hayamos sido exonerados de toda culpa en esta situación”.

Además, la Arquidiócesis pareció aprender de la lamentable experiencia al poner en lo sucesivo a un sacerdote e ingeniero civil al frente de la comisión diocesana de especialistas en materia de construcción de templos, que en adelante los supervisará de manera reforzada.

Indemnizada que va a resultar “conforme a la ley” la parte afectada, gesto si se quiere sólo motivado “en un acto de justicia y solidaridad cristiana”, a continuación resulta muy pertinente para amplios sectores de la opinión pública regiomontana, hacer una interrogante ineludible a la Procuraduría de Nuevo León: en el suceso donde se desplomó la parroquia de Santa Clara de Asís sobre los feligreses, ¿quién o quiénes sí resultan legalmente responsables del derrumbe y consecuencias fatales, según la investigación y peritajes donde la Arquidiócesis de Monterrey aparece exonerada?