SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS

La paternidad de la Fiscalía de Atención a Delitos de Género

El anuncio hecho por el Fiscal General del Estado, Víctor Carrancá Bourguet, el pasado 28 de abril ante el titular de la Secretaría General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida, respecto a la creación de la Fiscalía de Atención a Delitos de Género, destinada a atender todo tipo de investigaciones relacionadas con los delitos de feminicidio y homicidio doloso, cuando la víctima sea una mujer y homicidio o lesiones contra la población lésbico gay, bisexual, transgénero e intersexual y la designación al vapor de la responsable de la fiscalía en la persona de Margarita Aguilar Vázquez, se da en un momento de crisis en el Estado y por las presiones que se han venido originando desde la sociedad civil ante el alto número de feminicidios que se han presentado en los primeros cuatro meses de este año y que superan por mucho los registrados en los tres años anteriores de la actual administración.

Señalo esto porque es evidente, que sólo por la presión de los ciudadanos y organizaciones, el Gobierno del Estado se vio obligado a tomar dicha decisión, ya que todos sabemos que el Fiscal no se manda solo y que ante la proximidad del debate entre los candidatos a la minigubernatura y de las elecciones, se pretende eliminar este problema, que seguramente sería explotado por los candidatos para acusar la ineficiencia de la administración actual, pero de lo que se olvidaron los funcionarios es que en lugar de que dicha decisión quedara respaldada mediante una reforma legislativa, la echaron a andar solamente como una política pública, en un momento coyuntural, es decir, en lugar de que se diera por medio de una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, se implementó por una decisión del grupo en el poder.

Aclaro que no estoy en contra de la creación de dicha Fiscalía, a final de cuentas, los poblanos ya estamos acostumbrados a que situaciones como éstas, se decidan en una oficina, sin que se tome en cuenta la opinión de los ciudadanos; sin embargo, considero justo reconocer que la idea la presentó desde el 26 de noviembre de 2014 la Diputada del PVEM, Geraldine González, ante el pleno del Congreso local, un punto de acuerdo, para que el Poder Ejecutivo instruyera al entonces Procurador General de Justicia del Estado, para que se realizaran las adecuaciones al reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría, para la creación de la FISCALÍA GENERAL DE ATENCIÓN DE DELITOS SEXUALES Y CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS MUJERES, propuso además el nombramiento de la fiscal por parte del Ejecutivo, sin embargo, la propuesta  fue ignorada por todas las fracciones parlamentarias; por lo que un año después el 25 de noviembre de 2015, la Diputada González, presento una iniciativa de decreto que adiciona el artículo 27 de la ley Orgánica de la Procuraduría y propone que dentro de las fiscalías con que cuente la dependencia, se considere la de ATENCIÓN DE DELITOS SEXUALES, CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL DE LAS MUJERES, sin que de nueva cuenta fuera respaldada por los Diputados de todas las fracciones parlamentarias, así finalmente, la legisladora volvió a insistir en la propuesta ante el fiscal general del Estado, cuando compareció ante el Congreso con motivo de la glosa del V Informe de Gobierno, sin que haya tenido una respuesta positiva al respecto. Aquí lo que sorprende es la actitud de indiferencia y falta de solidaridad para con las mujeres del Estado, de parte de todas las demás diputadas, que ahora aplauden la decisión del Poder ejecutivo y que en su momento, se negaron a apoyar desde su papel de legisladoras la creación de la fiscalía de Atención a Delitos sexuales, contra la vida y la integridad corporal de las Mujeres propuesta por la Diputada González Cervantes, a quién se le debería reconocer la paternidad de la creación de la Fiscalía de Atención a delitos de género hoy creada. Sólo esperamos que la titular nombrada, sea capaz de esclarecer los feminicidios y garantizar el acceso a la justicia de los familiares, informando puntualmente de los avances de las investigaciones.