SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS

El nacimiento de una ley muerta

La reforma constitucional de 2015 que estableció la creación del SNA busca agrupar a las instituciones encargadas de combatir a la corrupción en un mismo comité, con el objetivo de que actúen de manera coordinada y alineada.

El 28 de mayo de 2016 se venció el plazo constitucional que establecía la publicación de la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y nuestros legisladores, haciendo uso de la mafiocracia que reina en el recinto legislativo, excedieron ese término sin justificación alguna y fue hasta la madrugada de este 14 de junio que tuvieron a bien discutir el dictamen proveniente de las comisiones unidas sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La reforma constitucional de 2015 que estableció la creación del SNA busca agrupar a las instituciones encargadas de combatir a la corrupción en un mismo comité, con el objetivo de que actúen de manera coordinada y alineada, por primera vez, bajo una Política Nacional Anticorrupción. Su objetivo último sería poner fin a la creciente impunidad que rige en nuestro país.

Sin embargo, una de las propuestas más importantes de ésta ley, que además fue realizada por organizaciones sociales y firmada por más de 600 mil personas, incluía la obligatoriedad de que todos los servidores públicos presentaran su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes (Ley 3 de 3); se discutió con un adéndum en el artículo 29, propuesto por el PRI y el Partido Verde, que prácticamente anulaba dicha obligatoriedad.

El aludido adéndum fue aprobado por 59 votos a favor (52 del PRI, 6 del Partido Verde y un independiente) contra 51 votos en contra (34 del PAN, 16 del PRD, y un independiente), pero hubo 17 abstenciones, es decir, diecisiete senadores que no representan nada y que solo cobran por hacer nada en favor de sus representados.

Aunado a lo anterior, y con el objetivo de cobrar venganza contra los empresarios que apoyaron la Ley 3 de 3; el PRI propuso un candado en el artículo 32 que obliga a presentar declaraciones patrimoniales y de interés también a las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la federación, los estados o de los municipios.

Es decir, la totalidad de los trabajadores de una empresa, sin importar su función dentro de la misma, tendrían que presentar estas declaraciones, medida a todas luces excesiva y que además haría inoperante el SNA, ya que sería imposible procesar millones y millones de declaraciones, además de inhibir a los particulares a prestar servicios o vender productos al gobierno, y afectaría a personas no vinculadas con contrataciones, como beneficiarios del programa Prospera o los becarios del Conacyt, entre otros.

Dichas medidas representarían un problema real para la operatividad del SNA y resultaría contrario a los derechos humanos previstos en la Constitución, porque afectaría de manera excesiva la vida privada y la protección de los datos personales de los mexicanos e incluso de extranjeros que trabajen para una empresa trasnacional.

Tan inaceptable y controvertido resulto el trabajo de nuestros brillantes legisladores que hasta el presidente Enrique Peña Nieto, tuvo que intervenir para intentar salvarles la plana, lástima que éste, haya perdido la oportunidad de colocarse por encima de sus legisladores, y dignificar un poco su imagen, porque demostró que está a su mismo nivel.

Ya que el pasado 24 de junio, en uso de su facultad de veto, que le otorga la Constitución, mandó a revisión la ocurrencia de ese artículo 32 de Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual obligaba a todo particular que tuviera tratos con el gobierno a presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses, sin embargo, dicho acto solo representa una cortina de humo, porque sólo se ha ocupado de congraciarse con el sector empresarial; ya que no presento observaciones al Artículo 29, lo que convierte al contenido de este artículo en un hecho, ya que legal y constitucionalmente resultará imposible revisar con posterioridad el mismo, en los término del veto presidencial.

Por todo lo anterior, no espere como ciudadano que este paquete de siete leyes que se aprobaron como Sistema Nacional Anticorrupción vaya a significar una verdadera alternativa de solución para disminuir la corrupción, sería tanto como pensar que los políticos que llegan a legisladores como parte de la mafiocracia vayan a atentar contra su propia forma de llegar al poder y de mantenerse en él.