SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS

El fracaso de la fiscalía para la atención de delitos electorales

Recientemente, en nuestro país se ha integrado Virgin Connect, otro competidor en el mercado de telefonía móvil y señala Richard Branson, quien es CEO en dicha compañía, que las inversiones llegarán a México sólo si disminuyen los niveles de corrupción e inseguridad.

Evidentemente, esto es algo que cualquier ciudadano mexicano sabe: que es necesario brindar seguridad y certeza jurídica para que haya inversiones y tales apreciaciones de descomposición social de nuestro país, conocidas en todo el orbe, se pueden trasladar a cualquier ámbito, como el electoral.

Proceso tras proceso, siempre se ha hablado del financiamiento ilícito de las campañas y la compra y coacción del voto, no es nada nuevo; sin embargo, si se le preguntara a cualquier votante sobre estos temas, seguramente respondería que nunca ha sabido de alguna sanción impuesta por algún juzgador en materia penal por dichas conductas ilícitas.

Está el caso de “Amigos de Fox”, por ejemplo, que tuvo precisamente financiamiento irregular para su campaña, pero el IFE sólo sancionó administrativamente al PAN, lo que no cambió el resultado de la elección y que Vicente ocupara la Presidencia de la República.

No dejemos atrás al “Pemexgate” o la precampaña de varios años de Peña Nieto y las famosas tarjetas Monex para la compra del voto, es decir, en la Comisión de Delitos Electorales simplemente no pasa nada y hasta el momento, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales ha significado un rotundo fracaso por su ineficacia y malos resultados.

En efecto, ninguna de las personas acusadas por peculado electoral en dichos casos de financiamiento irregular fue sancionada. La Fiscalía fracasó en todos esos frentes, y uno se pregunta si por impericia o por otra causa.

Espero que con la publicación en el Diario Oficial de la Federación —23 de mayo de este año— sobre la Ley General en Materia de Delitos Electorales, todos estos sucesos que trastocan los principios de certeza y legalidad, ahora sí se eliminen y se enmienden los errores del pasado.

Si el objetivo de dicha ley es salvaguardar los valores democráticos sobre los que se funda el sistema electoral mexicano y terminar con la corrupción electoral, bienvenida sea.

Uno de los puntos a destacar es que en el artículo 4° de dicho cuerpo normativo se señala que “El Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por los delitos previstos en esta Ley”, esto es que no deberá haber denuncia de por medio para la investigación de la comisión de un delito en la materia, aunque esperemos que ello no sea obstáculo para que el Ministerio haga más bien su labor y no quiera hacerse de la vista gorda.

Es evidente que la sociedad demanda cambios sobre la impunidad —que es ya una regla—, la corrupción, la inseguridad pública, etc., pero para los procesos electorales venideros en 2015, en el caso de Puebla, varios legisladores, regidores y funcionarios de primer nivel ya han iniciado la promoción de su imagen en medios publicitarios para alcanzar las candidaturas de sus partidos y ante esto nadie dice alguna palabra.

Esperemos que las reformas abonen en la rendición de cuentas y la transparencia, los cuales son elementos característicos y esenciales de toda democracia y que ahora sí se sancione a aquéllos partidos y candidatos que violenten la legalidad en los procesos electorales.