SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS

Corrupción e impunidad electoral

La corrupción, es un fenómeno colectivo que afecta el desarrollo de las instituciones democráticas del país y el estado de derecho, origina violaciones a los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida, es decir, es el principal lastre de nuestro constructo social; abonado a la pérdida de credibilidad en el sistema político y en sus líderes, debilitando nuestras instituciones y generando un clima de frustración e inconformidad por parte de la sociedad, aunque en otros casos ya es de resignación, ante una triste realidad que parece imposible cambiar.

Las causas que la originan, así como sus consecuencias se explican desde una multiplicidad de factores: una estructura económica oligopólica y su influencia en la toma de decisiones de políticas públicas (licitaciones públicas concertadas, concesiones pactadas, conflicto de intereses, nepotismo); un marco institucional débil en coordinación, supervisión, sanciones, transparencia, presupuesto, y además, la lentitud en la procuración e impartición de justicia. Todo esto hace de la corrupción un fenómeno omnipresente -manifiesto mediante tráfico de influencias, contrabando, soborno, peculado, uso privado de bienes públicos, sanciones al contribuyente, altos costos de trámites, castigo al consumidor- que hace de la impunidad parte de nuestra vida pública.

La hegemónica presencia del Partido Revolucionario Institucional juega un papel trascendental, como artífice principal del nacimiento y desarrollo de una corrupción con un estilo particularmente mexicanizado, ya que fue estatificándose conforme el acontecer de su desarrollo, acostumbrado a doblegar a gobernadores a través del manejo discrecional del presupuesto, a usar a la Secretaría de Hacienda como garrote político, sobre todo con mandatarios de oposición.

Ese PRI dispuesto a pasar por sobre quien se oponga a sus interés (Ley de Seguridad Interior), para que nadie desmantele el pacto de impunidad que es su signo de identidad, se vio fuertemente golpeado por lo que ocurrió en Chihuahua, tras la investigación y denuncia de la triangulación de fondos federales provenientes de la Secretaría de Hacienda a elecciones del PRI, que ocasiono la detención y el juicio de Alejandro Gutiérrez, operador de la triangulación financiera/electoral, tema que no solo atañe a Chihuahua. Involucra otros estados, otros nombres, otras transacciones irregulares, otras operaciones ilegales. La investigación se expande y amenaza con llegar a los niveles más altos del gobierno de Peña Nieto, como lo expuso el reportaje de The New York Times.

Dicha situación prende focos rojos de alarma en un momento trascendental para la vida política y democrática de nuestro país, puesto que estamos inmersos, en un proceso electoral determinante para marcar las directrices de desarrollo de nuestro país, en los próximos años, por el número de puestos de representación que estarán en juego, Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones Federales que integrarán el Congreso de la Unión. Además, la elección de 2 mil777 cargos locales como: ocho Gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 972 Diputaciones Locales, 1,596 Ayuntamientos, 184 Juntas Municipales y 16 alcaldías.

Por lo anterior, INE y del TEPJF, hoy en día, están aún más comprometidos y obligados a poner especial atención y vigilar las rutas de triangulación de fondos federales provenientes de la Secretaría de Hacienda a elecciones del PRI, que Javier Corral evidenció, porque les ha dicho cómo, cuándo, dónde y a través de quién los priistas han desviado dinero para perpetuarse en el poder. Con lo que destapó una cloaca que si se va a fondo puede dejar muy mal parado al PRI en el ánimo de los ciudadanos en el próximo proceso electoral.

Es decir, las autoridades electorales ya no contarán con el pretexto de no poder combatir la corrupción y la impunidad electoral, puesto que hoy, como todos los mexicanos, conocen el modus operandi de la manipulación electoral en México. Lo cual, los pone ante la oportunidad histórica de organizar y administrar un proceso electoral que consolide el constructo democrático nacional y sobre todo que les permita recuperar la confianza y credibilidad perdidas en razón de un actuar cómplice e indulgente para con los políticos y partidos políticos corruptos.