SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS

Otro azote más a la economía de los poblanos

Aunque se ha dicho que existe la opción de que el vendedor decida si se somete o no al procedimiento para obtener la Constancia, resulta evidente que la gran mayoría de los compradores le pedirán se los presente para llevar a cabo la compra-venta a fin de evitarse problemas posteriores.

Con la puesta en marcha de un nuevo impuesto para los propietarios de un vehículo automotriz en el estado de Puebla, mediante la expedición de la denominada “Constancia de Identificación Vehicular” anunciado por la Procuraduría General de Justicia para “garantizar a la ciudadanía la lícita compra-venta de vehículos usados a través de una minuciosa inspección física y documental de la unidad, por parte de peritos calificados”.

Dicho documento se expedirá para todos los autos por un Centro de Verificación Vehicular ubicado en Puebla capital, lo que obligará a los ciudadanos de los 216 Municipios a venir hasta este lugar para llevar a cabo el trámite correspondiente, por lo que al costo del documento —que será de 210 pesos— se le debe sumar los gastos que originen a los vendedores, el trasladarse y esperar que el mismo día les sea entregada la constancia, además de las vueltas que tendrá que dar si le falta algún documento o requisito de los que se solicitan para que su unidad pase completa la revisión.

Ante este anuncio, cabe hacerse varias preguntas: ¿Realmente en Puebla es necesario e indispensable llevar a cabo este procedimiento para poder vender una unidad sin problemas? ¿Cuáles son las cifras e indicadores que tomó en cuenta la Procuraduría General de Justicia del Estado para tomar dicha decisión? ¿Si en el Gobierno del Estado, con motivo de los recortes presupuestarios, ha habido más de diez mil despidos de burócratas, cuántas plazas y nuevas contrataciones de peritos, se autorizaron para atender este Centro? ¿A dónde se destinarán los ingresos que se obtendrán por el cobro de la Constancia? ¿No sería mejor contratar más agentes ministeriales y peritos para atender el alto número de averiguaciones previas que duermen el sueño de los justos en las oficinas de la Procuraduría?

Si bien es cierto, una revisión de las unidades como la que se plantea se lleve a cabo mediante dicho mecanismo puede dar tranquilidad al comprador de un vehículo que no tiene ningún problema de denuncia de robo o alteración de documentos o números de serie; tampoco está exento de que existan errores o bien dicha información que se concentre en una base de datos, después se utilice para otros fines.

Aunque se ha dicho que existe la opción de que el vendedor decida si se somete o no al procedimiento para obtener la Constancia, resulta evidente que la gran mayoría de los compradores le pedirán se los presente para llevar a cabo la compra-venta a fin de evitarse problemas posteriores. Pese a lo anterior, se quedan en el aire varias interrogantes y sobre todo el estado de indefensión en que estamos los ciudadanos, al tener que pagar este tipo de servicios que deberían ser gratuitos, considerando que si pagamos nuestros impuestos tenemos el derecho de que se nos proporcione la información de parte de las autoridades y se respete nuestra garantía a la seguridad pública que tienen a su cargo dependencias como la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuyos servicios de acuerdo a la Constitución General de la República deben ser gratuitos.

Finalmente me pregunto: ¿Qué opinión les merece a nuestros Diputados esta medida? ¿No se supone que representan nuestros intereses y que para ello los elegimos?

Pues su silencio, hasta este momento, vale más que mil palabras. No nos extrañe que después el Estado nos cobre también por otros servicios que deben ser gratuitos.