SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS

Plascencia tiene una cita con la historia

Con las denuncias hechas valer en fechas recientes por diversos organismos sociales, entre ellos Artículo 19, en el sentido de cuestionar la actuación del presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, por avalar ante los Congresos de Puebla y Quintana Roo las leyes de seguridad y “Borge” que promueven el uso de la fuerza letal para dispersar manifestaciones; además del hecho de aceptar los reconocimientos públicos que ha recibido por parte del gobernador de Puebla, como la colocación de un busto, que se pusiera su nombre a un Auditorio de las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a una cátedra universitaria en una institución de educación superior del Estado, cabe preguntarse:

¿Hasta qué grado está garantizada la imparcialidad del ombudsman para conocer y pronunciarse por los hechos que investiga en el caso de la represión en Chalchihuapan? ¿Qué nivel de confianza inspira su intervención a los afectados en el conflicto, si aceptó homenajes y reconocimientos por la autoridad a la que se le imputan violaciones graves a sus derechos humanos?¿Cómo podrá ahora señalar que la “Ley Bala” que avaló, en su aplicación viola derechos Humanos? ¿Su eventual recomendación, dejará satisfechos a los quejosos o simplemente buscará una salida que no comprometa su futuro al frente del organismo?

Éstas y otras interrogantes más surgen en el imaginario colectivo de todos aquellos que están a la espera de que la CNDH se pronuncie sobre el tan sonado conflicto.

Lo más sano es que el Ombudsman Nacional decline su competencia, tomando en consideración todos estos aspectos y aplique lo establecido por el artículo 35 de la ley que regula al organismo y que a la letra dice: “La Comisión Nacional, por conducto de su Presidente y previa consulta con el Consejo, puede declinar su competencia en un caso determinado, cuando así lo considere conveniente para preservar la autonomía y autoridad moral de la institución”.

De no hacerlo y emitir un acuerdo de no responsabilidad que beneficie a  las autoridades estatales, seguramente será severamente cuestionado su trabajo, por todas las situaciones que lo involucran y haría presumir que su actuación no fue imparcial, dañando con ello la autoridad moral de la Institución, como lo establece el artículo antes transcrito.

Se ve complicado que Raúl Plascencia decline su competencia a estas alturas en que su eventual reelección es un asunto que le ocupa y promueve en todos los niveles de Gobierno; sin embargo, aún tiene esta salida que puede ser digna y demostrar que lo primero es la autonomía y autoridad moral de la Comisión, que sus compromisos políticos y la garantía de su reelección, que puede verse seriamente en riesgo si decide emitir un documento de no responsabilidad o bien, si como ocurrió en el caso Atenco, finca la responsabilidad de los hechos de violación grave de derechos humanos en los mandos medios o inferiores, lo que ya ocurrió cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció exonerando a Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México.

Lo peor que le puede pasar a este país, además de todos los problemas de violencia, corrupción, impunidad, inseguridad y crisis económica, es que ahora los actos de represión sean minimizados y parte de negociaciones de la ley, de espaldas a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos.

Plascencia, tiene una cita con la historia.

LA CNDH SOBRE LEY

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos reveló que aparte del caso Chalchihuapan, el organismo tiene abiertos otros 10 expedientes por el encarcelamiento de 38 personas durante el gobierno de Moreno Valle, quienes son señalados como “presos políticos”.

Al ser cuestionado sobre la postura de la CNDH en relación con la ley de seguridad que aún sigue vigente, Plascencia defendió su contenido, debido a que ésta es realmente “una copia de los estándares” establecidos por Naciones Unidas, y que el problema en Chalchihuapan más bien pudo derivar de una mala aplicación de los protocolos que establece ese marco legal.