SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS

México, paraíso de la impunidad y la injusticia

Ante un sistema de justicia como el actual, es lógico que para muchos es más rentable incorporarse a las bandas delictivas y defraudar a los particulares, ya que saben que son mínimas las posibilidades de que se les detenga y sujete a un proceso judicial algún día y pisen la cárcel.

Los resultados del Informe denominado “Justicia Cotidiana”, realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), dado a conocer en días pasados ante el Presidente de la República Enrique Peña Nieto y autoridades en materia de Procuración y Administración de Justicia, organismos encargados de la Seguridad Pública y de la defensa y protección de los Derechos Humanos, reflejan la triste y dramática situación que vivimos millones de mexicanos, debido a la incapacidad y corrupción de los órganos encargados de todas éstas áreas, que son de gran trascendencia para preservar la seguridad, paz social y convivencia de la sociedad, en un país que a pesar de todas las reformas estructurales anunciadas como los grandes logros del actual Gobierno federal, no ha existido la visión y compromiso de los líderes de los Partidos Políticos y del Congreso de la Unión, de llevar a cabo una REFORMA A FONDO DE LA JUSTICIA EN MÉXICO, que debe pasar por una revisión de los funcionarios que laboran en las Procuradurías, Policías y en los Poderes Judiciales de todos los niveles, una reforma que permita evaluar en forma justa y objetiva el actuar de quienes laboran en estas instancias y sobre todo sancionar a quienes incurran en actos de abuso de autoridad, violación a derechos humanos o prácticas corruptas en el desempeño de sus tareas.

Que se combatan los viejos vicios que han permeado en todas las áreas involucradas como son el nepotismo, compadrazgos, tráfico de influencias, cohecho, extorsión, cobros indebidos que debe enfrentar cualquier ciudadano que no sólo tuvo la desgracia de ser víctima de un delito o que se ve obligado a demandar a otro en un juicio de la naturaleza que fuere, lo primero a lo que debe enfrentarse, es a la ineficiencia, mal trato y despotismo de los “servidores públicos” que deben atender su asunto y quienes lo primero que le indican, es que su caso es uno más de los miles que deben atender todos los días y que ni se desespere o presione porque debe esperar su turno, ya que hay otros que llegaron antes y son a quienes se les debe dar prioridad, después de esa advertencia, en forma velada le indican, que si de verdad quiere que su asunto avance, debe incentivarlos a través de una dádiva o mordida, ya que de otra forma su asunto puede resolverse en años, sin la garantía de que en verdad obtenga una sentencia favorable y ahí se inicia el viacrucis del ciudadano que, para empezar, debe estar resignado a esperar o finalmente desistir de su intento de tener acceso a la justicia cansado por todos los obstáculos que debe enfrentar y el tiempo que debe emplear para estar al pendiente de su asunto, más el pago de un abogado  y los gastos que se originen durante el procedimiento, en este intento, se vuelve víctima ahora de los funcionarios que reciben un salario del pago de los impuestos del ciudadano, pero que consideran que no están obligados o comprometidos a darles un servicio eficaz; por ello miles de mexicanos que acuden a denunciar un delito o a demandar en un juicio, terminan cansados y hartos de tanta corrupción y burocracia, que deciden dejar las cosas como estaban ante la impotencia que les causa la actitud de las autoridades.

Ante un sistema de justicia como el actual, es lógico que para muchos es más rentable incorporarse a las bandas delictivas y defraudar a los particulares, ya que saben que son mínimas las posibilidades de que se les detenga y sujete a un proceso judicial algún día y pisen la cárcel.

Felicito a los responsables del Informe por su excelente trabajo, pero me pregunto: ¿Qué harán las autoridades para revertir la situación y mejorar la procuración y administración de justicia? Sugiero a los ciudadanos, pregunten a los candidatos a las Diputaciones federales qué propuestas tienen para resolver este grave problema y si estarían dispuestos a reformar el sistema actual, para que el acceso a la justicia se vuelva una realidad y no una ficción para los ciudadanos.