SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS

Instituto Nacional de Elecciones, ¿vuelta al centralismo?

De prosperar en el Congreso de la Unión la iniciativa de reforma política derivada del Pacto por México que presentaron PAN y PRD para incluir la creación del Instituto Nacional de Elecciones (INE), cuya función será organizar y vigilar los comicios federales, estatales y municipales y que sustituirá al IFE, además de que desaparecerán los 32 institutos electorales estatales, significaría pasar del sistema federal a uno centralista.

El sistema electoral mexicano en la actualidad se integra por un subsistema nacional (federal) y por 32 subsistemas en las entidades federativas que reproducen en su respectivo ámbito las normas, instituciones y prácticas del subsistema federal. En materia de normas jurídicas, el sistema se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes electorales federales, (Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral), 31 constituciones estatales y el Estatuto del Gobierno del DF; 32 leyes electorales en total y ordenamientos diversos que regulan la jurisdicción electoral a nivel local.

La desventaja e inconveniente de la propuesta es que representa una distorsión del propio principio federalista que rige el Estado Mexicano, pues los órganos de las entidades federativas no tendrían participación en la organización de las elecciones locales. Lo anterior contradice a la Constitución General (art. 40), en la que se define a México como una República federal integrada por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior.

La reforma político-electoral ha generado el rechazo de diversos sectores, principalmente de los integrantes de los organismos electorales locales dejando en claro que están en defensa del sistema federal y de la autonomía de las entidades federativas. Si la propuesta del INE se aprueba, los estados estarán cediendo a la federación su capacidad para realizar elecciones.

Ahora bien, hasta este momento no se conocen bases sólidas, los beneficios que traerá un Instituto Nacional de Elecciones, no se ha escuchado una discusión seria, ni abierto un debate que argumente un “supuesto ahorro” que tendrá la desaparición de los 32 organismos locales y terminar con la falta de autonomía frente a la injerencia indebida de muchos gobernadores en los órganos y procesos. La pregunta es: ¿con esto se solucionan los problemas electorales que vive el país? O bien el INE es un retroceso en nuestra ineficiente democracia.

El Pacto por México también busca establecer mecanismos de transparencia del gasto de los partidos a través de su difusión en internet de sus estados de cuenta y así hacer que la fiscalización pueda hacerse en tiempo real, una vigilancia paralela a las campañas. También se propondrá una ley General de Partidos para un marco jurídico estable a la actuación de los mismos, contemplando tiempos electorales y tiempos no electorales, lo que se ve complicado en la práctica.

Centralizar la fiscalización de las campañas y los recursos que se distribuyen a los partidos políticos va encaminado más a una reforma electoral sin que sea necesario crear un Instituto Nacional de Elecciones(INE). Centralizar su estructura resultaría una solución equivocada, pues si seguimos esa misma lógica también se deberían centralizar los Congresos y los poderes judiciales de los Estados tal y como lo mencionó el ex presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde.

La desaparición de los Institutos electorales locales sería un retroceso en materia de federalismo además de debilitar el sistema democrático de México. Si los gobernadores y alcaldes meten las manos en las elecciones locales, el problema es local, no federal. Para que un gobernador tenga injerencia en un órgano electoral necesita tener el control de su congreso local. ¿Cuántos gobernadores lo tienen y cuántos no? Desaparecer los institutos locales no impedirá que sigan teniendo injerencia en los procesos y tampoco impedirá su injerencia en el INE, a nivel de las cuotas partidistas.