SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS

La Fepade y su credibilidad

El hecho de que Arturo Escobar pise o no la cárcel o bien obtenga una sentencia condenatoria como delincuente electoral, en nada cambiará los resultados en los que su partido y el PRI se alzaron con la victoria en las elecciones a diputados federales.

El anuncio por parte de la Fepade de la existencia de una orden de aprehensión en contra del ex dirigente del Partido Verde Ecologista de México y ex subsecretario de Gobernación federal hasta hace unos días, Arturo Escobar, por la comisión de delitos electorales cometidos en su gestión como dirigente en el pasado proceso para la elección de diputados federales, es un hecho inusitado para quienes sabemos que este partido es un aliado permanente del PRI ya desde hace varios años, en los que juntos han logrado triunfos tanto en elecciones municipales, estatales y federales y que, según el dicho de varios analistas, ha sido el encargado del trabajo sucio en los procesos, contando con la complicidad e impunidad que le han brindado diversos institutos electorales, desde el INE y los tribunales electorales de todos los niveles para hacerse de la vista gorda y solapar las violaciones a la legislación electoral y la comisión de delitos en forma cínica y sin que por ello se hayan modificado los resultados de las elecciones, es decir, siempre le ha resultado a los miembros del Verde más barato, pagar las multas que les han llegado a imponer los institutos electorales, que dejar de cometer tantos actos fuera del marco legal y restarle credibilidad y certeza jurídica a los ciudadanos, con las que deben estar investidas las elecciones.

Lo anterior, debido a que para ellos, es sabido, que nunca pasará de que se les sancione de esa forma, hasta hoy, en que la Procuraduría General de la República puede ejecutar una orden de aprehensión en contra de uno de sus miembros prominentes, misma que independientemente que se le prive de su libertad o bien pueda recuperarla mediante el pago de una fianza; dicho acto en sí, deja mal parado al partido y justifica con el actuar de la Fepade, que el combate a quienes cometen delitos electorales ahora sí va en serio, aunque tengo mis dudas al respecto y me pregunto: ¿Por qué hasta después de haber transcurrido más de cuatro meses de las elecciones se da a conocer la existencia de una investigación en contra del dirigente nacional del PVEM?

Si en todo el proceso se dedicaron a violentar en forma flagrante y pública las disposiciones legales que rigen en la materia y después de que los resultados de las elecciones han quedado validados en todas sus fases legales, es decir, el hecho de que Arturo Escobar pise o no la cárcel o bien obtenga una sentencia condenatoria como delincuente electoral, en nada cambiará los resultados en los que su partido y el PRI se alzaron con la victoria en las elecciones a diputados federales, como diría Felipe Calderón: “Haiga sido, como haiga sido”.

¿Por qué si todos fuimos testigos de la flagrancia en la comisión de los delitos electorales, en ese momento la Fepade, no procedió a solicitar a un juez se dictara orden de aprehensión en contra del dirigente?

Esa sí hubiera sido una verdadera demostración de que se combate la impunidad y la fiscalía realmente trabaja en forma autónoma, lo cual es irrisorio, ya que sabemos que se encuentra subordinada a la Procuradora General de la República, quien a su vez depende del Presidente de la República; por todo, ello vale la pena concluir que todo quedará en un circo mediático, sin mayores consecuencias para el Partido Verde; que incluso, ya amagó con motivo de estos hechos, con romper las alianzas que tenía contempladas con el tricolor para los procesos electorales a gobernadores en ocho estados, por lo que, es previsible que pronto lleguen a un acuerdo conveniente para todos y se reivindique la imagen de Arturo Escobar y hasta se le premie con algún otro puesto o una candidatura en el 2018, al fin y al cabo los ecologistas sí han hecho valer el dicho de “el que no tranza, no avanza”, gozando de la impunidad electoral que les ha dado jugosos dividendos a costa de las prerrogativas que reciben de los órganos electorales y que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos.