SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS

Defender lo indefendible

Al momento en que comparecen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, familiares de las víctimas de Ayotzinapa y representantes del gobierno mexicano, en este caso Emilio Rabasa, embajador de México ante la OEA, éste último señala que no se debe generalizar el problema de la desaparición forzada.

Es un hecho que la desconfianza de los ciudadanos sobre las Instituciones del Estado Mexicano pesa al momento de tratar de esclarecer temas escabrosos como el caso de Ayotzinapa, la corrupción, el enriquecimiento ilícito, la falta de transparencia sobre el patrimonio de los servidores públicos, las desapariciones forzadas, los políticos chapulines, la trata de personas, el contubernio de las autoridades con el crimen organizado, etc.

En pleno siglo XXI donde estos temas se ventilan no sólo domésticamente, sino forman parte del conocimiento de la población mundial, no doy cabida a que se quiera defender lo indefendible. Me explico. Al momento en que comparecen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, familiares de las víctimas de Ayotzinapa y representantes del gobierno mexicano, en este caso Emilio Rabasa, embajador de México ante la OEA, éste último señala que no se debe generalizar que el problema de la desaparición forzada suceda en todo el territorio nacional. Dicha contestación la dio en respuesta a la aseveración de Gabino Gómez del Centro de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua sobre que México se ha convertido en un enorme cementerio.

El concepto controversial en concreto es que por parte del aparato gubernamental se admita que en efecto hay desapariciones forzadas, además de la lamentable respuesta del Embajador al querer aminorar el efecto de los comentarios de la asociación civil, pues lo impactante de esta problemática es que, en nuestro país, tiene lugar este tipo de conductas delictivas, cuando en la práctica no se debieran producir, sobretodo que esto no es un acontecer actual, sino se  viene observando desde las décadas de los sesentas, setenas y ochentas, evidentemente lo de Ayotzinapa, no es un caso aislado.

La Procuraduría General de la República de por sí tiene enfrente la gran tarea de convencer a todo aquél versado sobre el tema de lo que sucedió, pero como siempre ha generado desconfianza, tuvo que recurrir a otras instancias para que le colaboraran, como lo fue el equipo argentino de Antropología Forense, pues su trabajo es reconocido en todo el mundo, sin embargo ello no abonó a la causa de otorgar certidumbre en la investigación, pues los mismo forenses manifestaron que existen irregularidades en las indagatorias oficiales.

Sobre el mismo tenor, recuerdo la descalificación hecha por el gobierno mexicano a las conclusiones presentadas por el Relator Especial de la ONU sobre la tortura, en el que señala que esta práctica es generalizada en nuestro país. Dicho funcionario visitó cárceles, centros policiales, hospitales psiquiátricos y puestos migratorios, entre otras instalaciones, por lo que no pueden acusar parcialidad en un informe elaborado a partir de entrevistas a personas privadas de su libertad.

Acaso es mucho pedir a las autoridades que trabajen con honestidad y profesionalismo. Es evidente que este tipo de asuntos demandan una investigación completa y transparente, sobretodo porque se juega el prestigio de México en la protección de los derechos humanos.

Tiene razón el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ZeidRa’ad Al Hussein al señalar que estos temas son un desafío a las autoridades para tomar una acción decisiva para terminar con la impunidad y prevenir este tipo de crímenes en el futuro.