SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS

“Blindaje a la corrupción=impunidad”

La PGR presentó acciones de inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas por los congresos, las cuales fueron consideradas por el PAN y el PRD como blindajes a los gobernadores que están por concluir su gestión.

El pasado once de julio en conferencia de prensa, el vocero presidencial Eduardo Sánchez y el subprocurador Salvador Sandoval Silva, dieron a conocer a la opinión pública, que por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto interpusieron controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de los Congresos de Veracruz y Quintana Roo, así como de sus respectivos gobernadores Javier Duarte y Roberto Borge, por la aprobación de las recientes leyes anticorrupción “a modo” en esas entidades.

La PGR presentó acciones de inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas por los mencionados congresos, las cuales fueron consideradas por el PAN y el PRD como blindajes a los gobernadores que están por concluir su gestión.

El objetivo de esta controversia es que la SCJN determine que las entidades no pueden regular en materia anticorrupción en el ámbito local, previamente a la publicación de las leyes generales del sistema nacional anticorrupción.

En el caso de Borge y de Duarte como gobernadores provenientes del Partido Revolucionario Institucional, se prevé que sus sucesores por venir de la “oposición” cumplan su promesa de campaña de perseguir y encarcelar a cualquier responsable de actos de corrupción. De modo que su preocupación por colocar un fiscal a modo es uno de los aspectos que más les preocupan al cierre de sus administraciones.

En el caso de Veracruz, la reforma al Artículo 67 de la Constitución Política de esa entidad, indica que el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, sería nombrado por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado, previa convocatoria pública emitida para tal efecto, y deberá permanecer en el cargo por un plazo de cinco años.

Sin embargo, el nombramiento de este fiscal podría ser objetado por el titular del Poder Ejecutivo estatal dentro de un plazo de 10 días hábiles, en cuyo caso se procedería a un nuevo nombramiento en los términos aplicables. Es decir, si al gobernador no le gusta o no le conviene la persona nombrada, podrá echar abajo la designación. Por lo que cabe preguntarnos ¿Dónde queda la autonomía de la fiscalía?

En cuanto hace a Quintana Roo, el Congreso local (de mayoría priista) eligió a dos personas cercanas al actual gobernador, Roberto Borge, como titular de la Fiscalía General a Carlos Arturo Álvarez Escalera y de la Auditoría Superior del Estado, a Javier Félix Zetina González, evitando con ello, que se investiguen las acusaciones en contra de su administración por supuestos malos manejos.

Como puede usted observar los gobernadores mueven hasta los últimos días de sus mandatos, acomodan la ley y el nombramiento de funcionarios, de acuerdo a sus intereses y sin ninguna oposición de los legisladores de dichas entidades, invadiendo y pisoteando la autonomía de la división de poderes locales, con el único objetivo de controlar cualquier investigación en la que puedan verse involucrados, en otras palabras buscando un blindaje, que evite a toda costa investigaciones y procesos legales en su contra y eventualmente el que puedan ser encarcelados, una vez que hayan cesado en sus cargos.

Las historias del manejo que la mayoría de los gobernadores llevan a cabo en las legislaturas locales, de los diputados, para obtener su voto aprobatorio en las decisiones y nombramientos con los que impulsan sus políticas públicas y nombramiento de funcionarios, se ha convertido en una práctica común, en la que al final, los únicos beneficiados son los gobernadores con el control de los Congresos, que representan todo, menos los intereses de los ciudadanos. 

Pero la historia de los intentos de los gobernadores Duarte y Borge, por blindar sus administraciones, lo que motivó el reclamo airado de los líderes del PAN y PRD, no es nueva. En el caso del Estado de Puebla, el actual gobernador, desde hace varios años hizo lo mismo, sin mayor problema, al apoyar el nombramiento del  auditor superior del Congreso del Estado, del presidente de la comisión de Derechos Humanos, del fiscal general del estado, de los comisionados de la CAIP, entre otros funcionarios, cuyos nombramientos rebasarán con mucho la actual administración gubernamental y la siguiente de un año ocho meses que ocupará el gobernador electo Tony Gali Fayad. Así el gobernador actual, podrá controlar cualquier investigación en la que pueda verse involucrado en las siguientes gestiones. Lo curioso del caso, es que aquí Ricardo Anaya, presidente Nacional del PAN, se hizo el occiso y a la fecha no ha denunciado nada, ya que sólo ve este hecho como un abuso de poder en el caso de los gobernadores priistas, pero de los provenientes de su partido, no le ve ninguna anomalía. Por lo que los dirigentes panistas, son candil de la calle y obscuridad de su casa.