Ejercicio del Poder

Anticorrupción

Sin duda alguna, la corrupción es uno de los más trascendentales males que como país hemos padecido.

Este junto con el de la inseguridad, han impedido el adecuado desarrollo nacional.

De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el costo de la corrupción asciende al 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, 1.5 billones de pesos al año, cifra que representa 12 veces al gasto social del Gobierno en este año y el doble de recursos que se invierten en educación pública.

Pues bien, con el propósito de combatir la corrupción y fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos públicos, con lo cual se permitirá sancionar, vigilar, procesar y denunciar cualquier corruptela entre funcionarios públicos y particulares en todo el país, la semana pasada, el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional que actualiza 14 artículos de la Constitución Mexicana.

En un esfuerzo más acabado y para un adecuado ejercicio, la reforma propone la creación del Sistema Nacional Anticorrupción el cual se presenta como un órgano colegiado integrado por siete miembros.

Ellos son los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; del titular del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos; del magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.

En el dictamen de ley, también se determina la extinción de dominio por actos de enriquecimiento ilícito; la fiscalización de cuentas públicas, por parte de la Auditoria Superior de la Federación, y la sanción a particulares vinculados en corrupción.

En este contexto, el Senado de la República la remitió a los congresos estatales para su aprobación.

Desafortunadamente, quienes administran el poder siempre deciden el rumbo. Por ello, bien dice el proverbio popular "El que hace la ley, hace la trampa"; lo anterior, porque estas reformas no contemplan el fuero constitucional.