Capitolio

Los templos del poder

Luis Donaldo Colosio estaba dispuesto a cambiar el país y quizá por eso lo mataron. Su candidatura estuvo en riesgo y bajo acoso permanente, mas no cedió a las presiones para renunciar a ella. Sin embargo, la perversidad de Carlos Salinas y la inquina de su hermano Raúl debilitaron al político de Magdalena de Kino, Sonora, y crearon las condiciones para un final trágico.

La negativa de su viuda Diana Laura a firmarle a Salinas una carta exculpatoria condenó implícitamente a los hermanos, dos de las figuras más repudiadas de la historia.Colosio era obra del sistema y conocía sus entrañas, pero su postulación a dedo, en lugar de someterlo a los Salinas, lo rebeló.

Ante miles de priistas reunidos en el monumento a la Revolución, el 6 de marzo de 1994, trazó la ruta para atacar de raíz de los males de México: “(…) hacer de la buena aplicación de la justicia el gran instrumento para combatir cacicazgos, para combatir los templos de poder (…) para cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción a la impunidad”.

Dos décadas después, la hidra de la corrupción, cuyas cabezas el PAN prometió cortar desde la presidencia, pero acabó por solaparla y chapotear en ella, tiene al gobierno de Peña Nieto con el agua a la boca y a la sociedad indignada por la impunidad. México es uno de los países más corruptos del mundo: con apenas 35 puntos, en una escala de 100, ocupa el lugar 103 en el índice de Transparencia Internacional 2014, entre 175 países enlistados.

De los treinta y cuatro socios de la OCDE, México es el peor calificado.

Los pasos más firmes contra la corrupción y la impunidad los dio Ernesto Zedillo, sustituto de Colosio. Como presidente, encarceló a Raúl Salinas por enriquecimiento ilícito y el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI y coordinador electo de los diputados de su partido. Salinas recibió una condena de cincuenta años de prisión por el homicidio de su ex cuñado, pero apenas purgó diez, pues fue absuelto en el gobierno de Vicente Fox.

Ya con Peña en la presidencia, se le exoneró por el delito de enriquecimiento ilícito y recuperó 224 millones de pesos en propiedades y cuentas bancarias.  


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