Capitolio

La punta de la madeja

Vuelve a cumplirse la sentencia según la cual un escándalo de alcance nacional desvía la atención de un suceso relevante en el estado. Esta vez, la noticia de que el ex gobernador interino Jorge Torres López y el ex tesorero Javier Villarreal Hernández fueron declarados prófugos de la justicia de Estados Unidos por lavado de dinero y fraude bancario, ocurre en vísperas del segundo informe del gobernador Rubén Moreira.

Torres insiste en su inocencia y en la licitud de los 2.8 millones de dólares que depositó en Bermudas, uno de los diez principales paraísos fiscales, pero la juez Janice Ellington, de la Corte de Distrito para el Sur de Texas, ordenó su aprehensión desde el 21 de noviembre. Según Kenneth Magidson, de la Oficina del Fiscal Federal de Estados Unidos, el sucesor y el operador financiero de Humberto Moreira podrían ser condenados hasta a setenta años de cárcel.

El cálculo resulta de la acumulación de una serie de penas máximas: por conspiración de lavado de dinero, veinte años; por fraude bancario, treinta; y por fraude electrónico, veinte. De acuerdo con las indagatorias, realizadas por el Grupo de Trabajo de Control de Drogas y Crimen Organizado Transnacional en San Antonio, Brownsville, Houston y Corpus Cristi, Texas, Torres y Villarreal triangularon fondos por cinco millones de dólares a las Bermudas.

En nuestro país todavía no existen denuncias contra Torres López, pero sí contra Javier Villarreal, quien, según la Fiscalía Federal de Estados Unidos enfrenta cargos en México por maquinar un plan de préstamos falsos para robar al gobierno federal (“Reforma” 28.11.13.) La nota identifica a Villarreal como “el principal operador financiero del ex gobernador y ex líder nacional del PRI, Humberto Moreira”, y quien “retiró miles de millones de pesos de créditos bancarios solicitados de forma fraudulenta y registrarlos como deuda estatal”.

Torres y Villarreal también han sido objeto de investigaciones por el Servicio de Impuestos Internos y de Investigación Criminal, la Administración de Control de Drogas, Investigaciones de Seguridad Nacional y la Oficina del Procurador General de Texas. Las transferencias atribuidas a Torres López se registraron en 2008. Para entonces, ya había dejado de ser secretario de Finanzas (el primero en el gobierno de Humberto Moreira) y se desempeñaba como alcalde interino (de Fernando de las Fuentes).

El caso es relevante porque Torres se convierte en el segundo ex gobernador mexicano acusado por el gobierno de Estados Unidos. El primero fue Mario Villanueva Madrid, de Quintana Roo, quien purga once años de prisión en Nueva York, tras declararse culpable de lavado de dinero. Previamente pasó seis años en cárceles mexicanas. Fue detenido en 2001 por presuntos vínculos con el cartel de Juárez.

En el comunicado donde justifica su patrimonio —“producto de una vida de trabajo”—, Torres confía: “la justicia me dará la razón”. Pero al margen de lo que los tribunales de Estados Unidos resuelvan, la carrera política del ex gobernador interino está liquidada. También la de Humberto Moreira, quien podría ser el objetivo de las autoridades norteamericanas. El lavado de dinero es uno de los delitos globales más perseguidos. Por lo pronto, la administración de Barack Obama ya empezó a estirar la punta de la madeja. En este contexto, el gobierno de Rubén Moreira sigue su curso y mira hacia el futuro.

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