Capitolio

El poder desenmascara

Los gobernadores cometen su primer acierto o error cuando nombran colaboradores. Ellos los escogen —lo ideal es que lo hicieran basados en sus méritos, reputación y talentos, no en sus malas artes— y los ciudadanos quienes los padecen o agradecen; usualmente pasa lo primero a escala federal, estatal y municipal. La idea de Vicente Fox de recurrir a headhunters no era mala. Consistía en incorporar a su administración los cuadros mejor calificados. Sin embargo, el timonel, al final, cayó seducido por el canto de la sirena.
El concepto de hombre orquesta, del jefe que concentra todo y por último no resuelve nada, es propio de países autoritarios. En las democracias sólidas, el presidente delega responsabilidades, coordina un equipo y se reserva las grandes decisiones. Ronald Reagan, en Una vida americana, dice que en las reuniones de gabinete escuchaba las opiniones de sus secretarios, pero al final era él quien marcaba el rumbo. Y no lo hizo mal, al contrario, es uno de los líderes del siglo XX mejor calificados.
Los alcaldes que acaban de asumir el cargo en los treinta y ocho municipios de Coahuila —la mayoría en condiciones económicas, de seguridad y de servicios precarias— se han rodeado de colaboradores que, en teoría, conocen las áreas asignadas. ¿Se les sometió a pruebas de confianza como las que en su caso se aplican a agentes y mandos policiacos, así como a otros funcionarios relacionados con la seguridad y la justicia? Todo servidor público debe ser y parecer confiable, al margen de la responsabilidad que ostente.
Designar jefes de departamento bajo criterios puramente partidistas denota sectarismo y cortedad de miras. Pues priva a las ciudades de figuras sin militancia política e incluso pertenecientes a partidos distintos al gobernante, cuyos conocimientos y cualidades reportarían enormes beneficios a la colectividad. El mismo Reagan cuenta en sus memorias que llamó a los estadounidenses mejor cualificados para colaborar con él en el gobierno de California y después en el de su país. La fórmula resultó exitosa.
Los cargos públicos deberían condicionarse a la probidad de los candidatos; y aun así, a controles rigurosos para evitar derivas que aumenten el patrimonio de unos cuantos en detrimento de la mayoría. La política y el servicio público en México son pródigos en casos de enriquecimiento inexplicable que jamás se castigan. El ejemplo de la cabeza se reproduce en toda la estructura e incluso en los grados de menor autoridad. “Si los de arriba roban, ¿por qué los de en medio y los de abajo no han de hacerlo?”, es la réplica cínica para justificar lo indefendible: la corrupción.
Si, por el contrario, los cargos de mayor rango actúan con responsabilidad, honradez y entrega asidua a sus obligaciones, los desvíos que se cometan en el resto de la administración deben castigarse no solo con despidos fulminantes, sino con averiguaciones y sentencias para que el delito no permanezca impune. “El poder no corrompe” —advierte Rubén Blades— “el poder desenmascara”. Los alcaldes que inician gestiones serán juzgados por sus actos y sus decisiones, pero también por el comportamiento de sus respectivos equipos. Ignorar por más tiempo el reclamo ciudadano de gobiernos decentes, “que cumplan sus obligaciones y no roben”, arrojará leña a la hoguera en la que podrían arder.


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