Capitolio

La gran infamia

Si en México se procediera con el mismo rigor y efectismo contra los delincuentes, políticos, empresarios y periodistas corruptos como se hizo en las instalaciones de “La Gran Familia”, de Zamora, Michoacán, nuestro país sería menos injusto y más respetado. Demonizar y juzgar en caliente son parte de nuestros atavismos nacionales. Sin embargo, una mujer como Rosa Verduzco, que dedicó sesenta años de su vida a recoger, cuidar y formar en la medida de sus posibilidades a legiones de niños, no puede ser un monstruo.No es esta una defensa a ciegas —las causas nobles se acreditan solas— de un “proyecto social integral”, que no albergue, aclara el historiador Jean Meyer, sino una reflexión de lo que a todas luces es una injusticia, un acto desmedido de poder. Las denuncias sobre abusos deben ser investigadas y los responsables castigados, sin caer en el extremo de fabricar delitos y culpables solo para sustentar un golpe de efecto que al final puede revertirse contra el gobierno federal. “La Gran Familia” no es, como se ha visto, una institución sobrada de recursos, ni sus instalaciones un hotel de cinco estrellas con SPA donde se enseñe a los niños un mundo rosa inalcanzable para ellos —y además inexistente—, sino al contrario: una casa pobre en la cual se prepara para afrontar el mundo real y se ofrecen instrumentos para defenderse de él. Frente a las voces que denuncian y merecen atención, las manifestaciones a favor de Rosa Verduzco la reivindican. Inducida por esa gran mercenaria que es la televisión comercial, la sociedad se espanta por las condiciones del inmueble de “La Gran Familia” y las leyendas negras que ahora se tejen en torno a esa institución. ¿Piedad o hipocresía? Si es lo primero, ¿qué hacemos por los millones de niños desnutridos, enfermos, sin techo y objeto de explotación sexual y laboral? ¿Quién se hará cargo de los seis bebés, 154 niñas, 278 niños y 159 adultos “rescatados” por las fuerzas federales? Si es lo segundo, la resaca no durará mucho y el asunto pronto pasará al olvido. Llama la atención el momento del operativo en un estado que gobierna un emisario presidencial investido de poder absoluto (Alfredo Castillo) y donde las autoridades locales son una compañía de farsantes. Ocurrió justo cuando la administración de Barack Obama presiona a la de Enrique Peña por las legiones de niños de México y Centroamérica que huyen a Estados Unidos sin el cuidado de sus padres o de personas mayores, expulsados por la pobreza y la inseguridad. Si es un artificio para distraer, el costo será demasiado alto. En un país contaminado por la política de burdel y agraviado por una justicia discriminatoria, donde los poderosos siempre ganan, el escritor Enrique Krauze llama a la mesura: “A los críticos de Rosa les pido que ponderen con objetividad la información que vaya saliendo y exijan un juicio apegado a la ley”. En Twitter, también recriminó: “Suciedad, abusos. Eso ¿merecía un operativo militar? Recogiendo huérfanos por 66 años Rosa ocupó el lugar social que dejó vacante el Estado”. En una entrevista con “Reforma”, Jean Meyer da pábulo para otras lecturas: “Huele mal este despliegue, este principio huele mal. No tengo la menor idea (de qué puede estar atrás), pero esto implica al Estado federal, nuestro gobierno central, al más alto nivel. No sé quién aconsejó al procurador general, al comisionado (Alfredo) Castillo en Michoacán, que es el verdadero poder (…) pero los aconsejaron muy mal”.


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