Capitolio

La forma y el fondo

El impuesto que mayores ingresos le aporta al estado, desde su creación en 1992, es el de nóminas (ISN). La tasa original del uno por ciento se mantuvo durante veinte años. En 2012 aumentó al doble debido a las presiones de la deuda por treinta y seis mil millones de pesos acumulada en el gobierno de Humberto Moreira. La mayoría de los estados cobra el dos por ciento; Querétaro el 1.6, Baja California el 1.8 y Zacatecas el 1.9. Los más altos son Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo y Tabasco (tres por ciento).Crear nuevos tributos o elevar los ya existentes demanda capacidad política y de persuasión, sobre todo si es el destinatario es el sector productivo. No porque las empresas no deban contribuir, sino porque en México pagan ya demasiados impuestos, lo cual le resta al país competitividad. Máxime con una reforma tributaria que inhibe la inversión, el empleo y el consumo, pero se desentiende de la economía informal.No exenta de roces, la implantación del ISN, en el último tercio de la administración de Eliseo Mendoza Berrueto, fue negociada. La duda —siempre presente y razonable— era sobre el destino de los recursos. Para convencer a las cámaras y a los corporativos, el estado introdujo en la ley del ISN un sistema novedoso: la recaudación se concentraría en fideicomisos, y un comité formado por empresarios y autoridades decidiría las inversiones en obras y servicios, según los requerimientos y prioridades de sus ciudades.En México los estados y municipios dependen de las participaciones federales. Para evitar el castigo de las urnas, prefieren no tocar la economía sumergida y aumentar los rezagos sociales y de infraestructura. El Impuesto Sobre Nóminas le permitió a Coahuila atraer más recursos de la Federación. Sin embargo, a partir del sexenio de Rogelio Montemayor, la ley del ISN se adaptó al gusto del gobernador, sin que el sector privado hiciera nada para conservar su espíritu. Hoy se debate la Ley para la Declaración de Ausencia de Personas en Coahuila, que obliga a las empresas a pagar el sueldo de empleados en tal circunstancia, previa sentencia de un juez civil. Según el artículo 14, “Si el trabajador es localizado con vida, recuperará su situación, escalafón y derechos de antigüedad (…) Si el trabajador es localizado sin vida, se indemnizará a sus deudos de acuerdo a lo previsto en la legislación aplicable”.Mientras en Coahuila el sector empresarial impugna la medida por lesiva y advierte de violaciones a La Ley Federal del Trabajo, en Nuevo León el diputado Enrique Barrios propone que el gobierno del estado indemnice a las familias de desaparecidos con un millón de pesos cuando el Ministerio Público no brinde resultados para su localización. La iniciativa busca proteger a las esposas e hijos de las víctimas y obligar a la Procuraduría de Justicia a atender el problema.La Ley para la Declaración de Ausencia de Personas en Coahuila, promulgada el 20 de mayo, fecha a partir de la cual empezó a surtir efecto, tiene el mérito de haber puesto sobre el tapete un tema hasta hace poco soslayado: el drama de los desaparecidos y el desamparo de sus hogares. Los argumentos del gobernador Rubén Moreira en defensa de la nueva legislación son plausibles. Lo que se discute es la forma. Faltó comunicación con los empresarios y explorar vías que permitieran: 1) comprometer al gobierno para que las personas dejen de desaparecer; y 2) apoyar a las familias. 



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